Diagnóstico político

Ante la resistencia interna y externa a la reforma política del Gobierno federal, el pasado 13 de enero la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presionó al Partido Trabajo a sentarse en la mesa de negociación. 24 horas después, lo ratificó el dirigente del PT, Alberto Anaya, con la cola entre las patas, por medio de un comunicado donde respaldó a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y se comprometió a consolidar la coalición "Sigamos Haciendo Historia", poniendo así fin a la revuelta que inició.

Luego del acuerdo entre Morena y el PT, el Verde Ecologista de México (PVEM) denunció haber sido excluido en la elaboración del proyecto de la reforma. En respuesta, desconocieron a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, como interlocutor válido en la discusión de la reforma electoral. Apenas el 15 de enero, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, manifestó a la prensa el rechazó a la propuesta de Palacio Nacional: la consideró antidemocrática al afectar la representación de las minorías y poner en riesgo el equilibrio democrático. Esto en referencia a reducir el número de diputados plurinominales. El ex priista tampoco estuvo de acuerdo en reducir el presupuesto a los partidos políticos.

Las cosas se calmaron, el 20 de enero la dirigencia del PVEM se reunió con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hablaron sobre la reforma electoral y acordaron que el Verde Ecologista de México sostendrá la próxima semana una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Los tres partidos políticos no tienen de otra que negociar. En las votaciones de las 12 reformas constitucionales, Morena necesitará del apoyo del PT y el PVEM. Mientras los petetistas y los de verde necesitan a los morenistas si la idea es seguir creciendo electoralmente.

Ahora bien, la oposición externa a la reforma electoral es encabezada por Acción Nacional (PAN) quien alertó de los efectos de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, uno de ellos estaría en la normalización de recibir dinero proveniente del narcotráfico. Llamaron a fiscalizar los recursos públicos y acusaron a las autoridades de querer ser juez y parte.

En los medios de comunicación masivos existe una campaña de desinformación contra la iniciativa del Gobierno federal. Hay mucho dinero sobre la mesa. Tampoco en el Instituto Nacional Electoral (INE) están de acuerdo con la reforma electoral y rechazan reducir sus gastos en contrataciones externas las cuales giran en torno a la preparación de las elecciones. Además dicen cuidar los intereses de aproximadamente 20 mil trabajadores, aunque en realidad defienden los altos sueldos de los 11 consejeros y altos funcionarios. Se escudan en los derechos laborales establecidos por la normatividad vigente.

La discusión entre el INE y el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, ha ido tensándose. El 12 de enero el funcionario comentó frente a 9 consejeros que “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Expresó que el gobierno de Sheinbaum “no quiere consejeros avasallados en ningún órgano”, vaticinó que la reforma electoral no será producto del “consenso” entre fuerzas políticas. De este modo desahucio la mayoría de las 241 propuestas que le entregaron los funcionarios electorales.

El exdiputado federal Antonio Tenorio Adame dijo que “la reforma de Sheinbaum es necesaria, por tanto útil, pero siempre en política hay posibilidades de mejorarla”. Citó varios aspectos a trabajar, “queda pendiente, hasta ahora, su vinculación a enfrentar la otra amenaza a la soberanía, rechazar la penetración del crimen organizado en el proceso electoral. Descifrar una teoría de la oposición para superar su estado agónico. Examinar la raquítica participación del voto del exterior y su elevado costo”. Afirmó que el objetivo de la reforma electoral sería fortalecer la democracia participativa y rechazar el autoritarismo. “Este es uno de los desafíos que amenaza la ingobernabilidad de la nación; el otro es perpetrado desde la Casa Blanca, en Washington, para atacar la soberanía, luego entonces, ¿cabría una propuesta de reforma para ambos riesgos?"

Al parecer no.