Deuda del CIS Angelópolis: El reto financiero de Puebla para el 2026

PUEBLA, Pue., 9 de febrero de 2026.- La deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis se mantiene como uno de los compromisos financieros más cuestionados heredados por el Gobierno de Puebla.

A más de una década de su inauguración, el esquema bajo el que fue contratado continúa presionando las finanzas estatales y condicionando la inversión pública.

El CIS fue inaugurado en enero de 2013 durante la administración de Rafael Moreno Valle, bajo el modelo de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS). Este esquema permitió que una empresa privada financiara, construyera y diera mantenimiento al inmueble, a cambio de pagos mensuales del gobierno por un periodo de 25 años.

El contrato fue otorgado a Alfa Proveedores y Contratistas de Puebla (Apycsa) y Grupo Técnico Constructor, empresas vinculadas a la familia Abed Rouanett. En el ámbito de la construcción, el proyecto se asocia principalmente a Julián Abed, aunque también ha sido referido bajo el nombre de José Abed.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la construcción física del CIS tuvo un costo cercano a los mil 500 millones de pesos. Sin embargo, al sumar intereses, operación y mantenimiento durante el plazo contractual, el monto total proyectado del esquema PPS superó los 5 mil 200 millones de pesos.

Al inicio de 2026, el Estado de Puebla ha erogado aproximadamente 2 mil 617 millones de pesos por este concepto. Pese a ello, de mantenerse intacto el contrato, aún quedarían pagos pendientes por entre 4 mil 300 y 4 mil 350 millones de pesos hasta el año 2037.

Este escenario ha sido duramente cuestionado por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha calificado el contrato como inmoral y leonino. El mandatario ha señalado que el edificio ya fue cubierto varias veces si se compara lo pagado con su valor real de mercado.

Ante esta situación, el gobierno estatal abrió un proceso de revisión financiera y legal del contrato, tomando como referencia el modelo aplicado en 2025 para liquidar de forma anticipada la deuda del Museo Internacional del Barroco, también contratado bajo un esquema PPS.

La primera ruta planteada es la terminación anticipada del contrato mediante un pago único. El objetivo es cancelar de forma definitiva el esquema y liberar al estado de los pagos programados durante los próximos años.

La propuesta del Gobierno de Puebla consiste en liquidar la deuda con un monto que oscila entre los 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos. Con ello, se cerraría el contrato sin extender la carga financiera hasta 2037.

Del lado empresarial, la constructora ha mostrado apertura a la negociación. Reportes de diciembre de 2025 y enero de 2026 indican que la empresa planteó una reducción inicial de entre 30 y 40 % del saldo insoluto como punto de partida.

La segunda vía es la aplicación de una moratoria de pagos como mecanismo de presión política y legal. En diciembre de 2025, el gobernador Armenta anunció la suspensión temporal de pagos mientras se revisan a fondo los números del contrato.

Esta estrategia busca forzar un acuerdo bajo condiciones más favorables para el estado. En caso de no alcanzarse una negociación, el gobierno ha advertido que el conflicto podría escalar a instancias federales.

Entre los escenarios planteados se encuentra llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de daño al erario y afectación estructural a las finanzas públicas del estado.

El impacto de este tipo de contratos no se limita al CIS. Las deudas adquiridas bajo esquemas PPS y APP, como las plataformas de Audi y, hasta hace poco, el Museo Barroco, siguen teniendo un efecto directo en la planeación financiera de Puebla para 2026.

Para el presente ejercicio fiscal, el gobierno estatal tuvo que etiquetar recursos considerables solo para cumplir con estos compromisos heredados. Tan solo por el CIS Angelópolis, se destinaron 259 millones de pesos para el pago de la contraprestación anual, un incremento de 2.7 % respecto a 2025.

En el caso de las plataformas de Audi, el pago programado para este año asciende a 753 millones de pesos. En conjunto, estas dos infraestructuras representan una carga anual superior a los mil 13 millones de pesos bajo esquemas PPS y APP.

En términos de costo de oportunidad, el gobernador Alejandro Armenta ha señalado que el monto total pendiente por liquidar del CIS, que supera los 3 mil 200 millones de pesos, equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto proyectado para las cuatro líneas del nuevo Cablebús.

La definición del futuro financiero del CIS se perfila como una de las decisiones clave del actual sexenio. El desenlace marcará el rumbo de cómo Puebla enfrenta los compromisos heredados y redefine su capacidad de inversión en obra pública directa.