Cuando el sistema falla: muerte de Odelia y el caso de Fátima

PUEBLA, Pue., 15 de diciembre de 2025.- Recientemente, los derechos de la comunidad indígena han sido vulnerados y sacados a relucir en distintas partes de Puebla como en Coyomeapan y en Huauchinango.

El caso más reciente fue denunciado por organizaciones de derechos humanos que denunciaron la muerte de Odelia Coello Márquez, mujer indígena náhuatl originaria de la comunidad de Cuitzala, municipio de Coyomeapan, Puebla, quien falleció el pasado 3 de marzo de 2025 en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, presuntamente a causa de violencia obstétrica y negligencia médica.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., Odelia tenía aproximadamente 34 semanas de embarazo cuando el 2 de marzo salió de su comunidad acompañada de su esposo, Gerónimo, para realizarse un ultrasonido en el Hospital Comunitario de Zoquitlán.

Aunque la cita estaba programada para las 9:00 horas, fue atendida hasta las 11:00. Sin entregarles los resultados del estudio, el personal médico indicó que debía pasar de inmediato al área de urgencias.

En ese lugar, se les informó que la vida del bebé estaba en riesgo y que era necesario un traslado urgente al Hospital de Tehuacán.

Sin embargo, el hospital comunitario no pudo proporcionar una ambulancia, por lo que la pareja se vio obligada a trasladarse por cuenta propia utilizando transporte público, combinando taxis y combis para reducir tiempos y costos. El recorrido incluyó al menos tres rutas distintas.

La pareja arribó al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán alrededor de las 16:00 horas. Veinte minutos después, Odelia fue ingresada para su atención médica. A partir de ese momento, según el testimonio de Gerónimo, se le negó cualquier tipo de contacto con su esposa y no se le informó sobre su estado de salud ni el del bebé.

La mañana del 3 de marzo, a las 7:00 horas, personal del hospital notificó a Gerónimo el fallecimiento de Odelia. De acuerdo con el comunicado, la mujer fue sometida a una cesárea sin su consentimiento previo e informado, pese a que ella y su esposo sabían que el parto debía ser natural.

El personal médico también informó que el recién nacido se encontraba grave y que sería trasladado al Hospital del Niño Poblano.

Las organizaciones firmantes señalaron que los hechos evidencian una vulneración sistemática de derechos humanos, al poner en riesgo la vida del recién nacido, violentar la dignidad del esposo y provocar la muerte de Odelia. Atribuyen lo ocurrido a la falta de equipamiento, infraestructura, transporte de emergencia y a una posible negligencia médica.

“El fallecimiento de Odelia no fue por causas naturales”, afirma el documento, que califica el caso como un ejemplo de violencia institucional y racismo estructural, al no garantizarse el derecho a la salud con una perspectiva intercultural que respete la diversidad cultural y lingüística de las mujeres indígenas.

El comunicado también critica las políticas públicas en materia de salud, señalando que la práctica de realizar una cesárea sin consentimiento es solo una muestra de un sistema de salud debilitado por recortes presupuestales sostenidos durante las últimas décadas.

Dichos recortes, afirman, han derivado en escasez de medicamentos, insumos, personal médico, camillas y transporte de emergencia, afectando principalmente a las poblaciones más pobres y marginadas del país.

Las organizaciones recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la falta de recursos humanos y materiales en hospitales constituye un obstáculo para una atención médica adecuada y genera responsabilidad institucional.

Ante estos hechos, exigieron que la CNDH atraiga el caso, al considerar que se trata de una forma específica de violencia que enfrentan cotidianamente las mujeres indígenas en México.

“La muerte de Odelia no es un caso aislado”, señalaron, “sino el reflejo de una realidad que se repite todos los días en comunidades indígenas del país”.

El pronunciamiento fue suscrito por el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., el Movimiento de Autogestión Social Campesina Indígena y Popular, la Red de Abogadas Indígenas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Fátima le confesó a su madre y abuela lo que Eduardo y otro hombre le hicieron entre julio y octubre de este año, cuando trabajaba en la panadería de su tío en Atla, Pahuatlán.

Exigen justicia por violación tumultuaria de niña indígena en Puebla

El segundo caso fue denunciado por la activista Olimpia Coral quien alertó que Fátima, una niña indígena de 11 años originaria de Huauchinango, fue víctima de violación tumultuaria en Pahuatlán, Puebla, y aunque su tío Eduardo, de 32 años, fue detenido, un segundo agresor permanece en libertad.

Según lo difundido, la menor sufrió agresiones sexuales múltiples durante aproximadamente un año, bajo amenazas de los victimarios para que no lo denunciara.

El proceso para presentar la denuncia enfrentó graves obstáculos: el lunes 24 de noviembre, mujeres de su comunidad viajaron cuatro horas hasta el Ministerio Público municipal, pero les negaron el trámite al no contar con un traductor de náhuatl.

Ante la inacción inicial, activistas de la región brindaron acompañamiento y viralizaron el caso. Fue hasta el martes siguiente que la Fiscalía General del Estado de Puebla proporcionó un intérprete y recibió la denuncia por el delito de violación equiparada agravada.

Tras la obtención de una orden de aprehensión, la Fiscalía informó el viernes 28 de noviembre la detención del tío de la víctima. Sin embargo, se mantiene la búsqueda del segundo implicado, mientras se exige justicia integral para Fátima y se cuestionan las barreras institucionales que enfrentan las víctimas indígenas.

¿Cuántas mujeres indígenas hay en Puebla?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 México contaba con 7 millones 344 mil 645 personas hablantes de alguna Lengua Indígena, pertenecientes a 71 lenguas distintas. En el estado de Puebla se registraron 615 mil 622 hablantes, de los cuales 289 mil 873 eran hombres y 325 mil 749 mujeres.

En 2023, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 el 49.1 por ciento de la población en Puebla se autoadscribió como indígena. Este porcentaje sitúa a Puebla como la novena entidad con mayor porcentaje de población de 3 años y más que habla una lengua indígena.

En cuanto a la población de 3 años y más de edad, el 9 por ciento en Puebla son hablantes de lengua indígena en 2023.

Como Quadratín Puebla informó el pasado 29 de julio de 2025 el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPI) explicó que no había datos actuales sobre la población indígena en Puebla.

Tan sólo en la capital, hay al menos 50 mil personas que hablan alguna lengua materna y 200 mil se declararon indígena. En el mismo sentido, las siete lenguas vivas en el estado son náhuatl, mixteco, tutunakú, popoloca, otomí, mazateco y tepehua.