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PUEBLA, Pue., 29 de noviembre de 2025.- En Puebla, la precariedad laboral continúa siendo la norma. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre del INEGI, siete de cada diez personas ocupadas en el estado trabajan en la informalidad.
Lo anterior equivale a 2 millones 172 mil 680 poblanos sin acceso a seguridad social, servicios de salud ni prestaciones laborales.
La población ocupada total asciende a 3 millones 94 mil 987 personas, por lo que la informalidad representa el 70.17 por ciento del empleo en la entidad.
El crecimiento del empleo formal tampoco ha sido suficiente para revertir este panorama. Durante el mismo periodo, la entidad generó 373 mil 62 puestos de trabajo con prestaciones, cifra insuficiente para modificar el predominio del empleo informal en Puebla.
En este contexto, la ENOE reporta que Puebla registra 78 mil 457 personas desocupadas, equivalente al 2.5 por ciento de su población económicamente activa, ligeramente por debajo de la media nacional, que se ubica en 2.9 por ciento.
A nivel nacional, el mercado laboral también muestra señales de deterioro. En octubre de 2025, la informalidad laboral alcanzó 55.7 por ciento, un incremento anual de 1.5 puntos porcentuales respecto a 2024.
Esto significa que 33.9 millones de personas en México trabajan en condiciones informales. El aumento fue más pronunciado entre los hombres, con un incremento de dos puntos porcentuales, mientras que en las mujeres el alza fue de 0.9 puntos.
La Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI1) también creció, al ubicarse en 29.6 por ciento. Paralelamente, la Población Económicamente Activa (PEA) del país llegó a 62.5 millones de personas en octubre de 2025, un aumento anual de 1.1 millones.
A pesar de este crecimiento, la Tasa de Participación Económica nacional disminuyó de 60.2 por ciento a 59.9 por ciento, debido a la caída en la participación de los hombres, mientras que la tasa femenina se mantuvo sin cambios.
Mientras en México la informalidad avanza, en Puebla persiste como una problemática estructural que, pese a dos décadas de esfuerzos limitados, continúa relegando al 70 por ciento de la fuerza laboral a empleos sin derechos ni seguridad.