Hallan a hombre sin vida con posibles mordeduras de perros en Tecamachalco
PUEBLA, Pue., 7 de diciembre de 2025.- A casi una década de la desaparición de Paulina Camargo y su bebé, el caso registró dos avances significativos que renuevan la expectativa de la familia y de las colectivas de búsqueda: uno en el ámbito judicial y otro en la investigación forense.
En entrevista para Quadratín Puebla, Rocío Limón, madre de Paulina Camargo Limón informó que el proceso penal dio finalmente un paso adelante. La audiencia por la desaparición de Paulina y de su hijo fue programada para el 22 de enero, fecha en la que se prevé la apertura del juicio oral, una etapa largamente esperada debido a los constantes retrasos que han marcado este caso.
Sin embargo, persiste la incertidumbre: el acusado cambió nuevamente de defensa y ahora cuenta con un nuevo consorcio de abogados, lo que ha generado preocupación ante la posibilidad de otro amparo o maniobra legal que vuelva a detener el procedimiento, como ha ocurrido en años anteriores.

En paralelo, en las labores de búsqueda surgió un posible indicio que podría ser relevante. Durante la marcha del 2 de noviembre, familiares recibieron información sobre el hallazgo de restos óseos que podrían tener relación con casos de mujeres desaparecidas en Puebla. La fiscalía ya les brindó atención y las familias viajarán al estado de Veracruz para revisar los restos, obtener datos forenses y entregar muestras biológicas para su análisis.
De acuerdo con lo informado, se trata de restos pertenecientes a dos mujeres; una de ellas falleció aproximadamente en 2015 y la otra en 2023. Ambas tenían una característica poco común: usaban braquets (frenos dentales). Es la primera vez, en diez años de búsquedas continuas tanto en campo como en Medicina Forense, que encuentran restos con estas características, por lo que las familias consideran fundamental que esta información se comparta con otras madres buscadoras y con la sociedad. Ahora, están a la espera de que la fiscalía determine si existe alguna probabilidad de identificación mediante ADN.
Paulina Camargo Limón desapareció el pasado 25 de agosto de 2015 y fue vista por última vez en la unidad habitacional La Margarita en la Ciudad de Puebla. Ese día, su entonces pareja José María N, principal sospechoso de su desaparición, la acompañó al ginecólogo ya que tenía 4 meses de embarazo. Ella estudiaba la Licenciatura de Lengua Extranjera en la BUAP y tenía 19 años. El último momento en que se vio con vida fue cuando se subió al taxi y desde entonces se sigue buscando.
Mientras los avances judiciales y forenses marchan lentamente, personas del colectivo Paulina Camargo realizaron el pasado 6 de diciembre una manifestación pública para denunciar deficiencias internas en la Comisión de Búsqueda de Personas, así como la falta de respuesta de las autoridades ante acusaciones de acoso laboral y sexual.
Las familias alzaron la voz en defensa de Herminio de la Puerta Reyes, trabajador de la comisión, quien presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos tras denunciar presuntas agresiones y hostigamiento por parte del director de Vinculación e Información, Juan Carlos Luis Rincón. Herminio, originario de Oaxaca, hablante de lengua indígena y miembro de la comunidad LGBT, desde septiembre ha sido víctima de actos de acoso mientras laboraba en el área de vinculación. Actualmente fue reubicado en el área de búsqueda, aunque sin que ello haya frenado las inconformidades.
Las denuncias fueron presentadas tanto ante la CDH como ante los órganos internos de fiscalía y Gobernación. Sin embargo, los manifestantes señalaron que, pese a haber informado directamente al gobernador de Puebla Alejandro Armenta durante la última mesa de trabajo, no recibieron ningún llamado ni seguimiento, lo que motivó la decisión de hacer pública la situación.
Durante la protesta también exigieron la salida del subdirector del área de búsqueda, Sergio Zafra Carrera, al asegurar que no cuenta con título ni con los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo, lo que afirmaron afecta directamente la eficacia de las diligencias para localizar a personas desaparecidas.
Las familias insistieron en que estas deficiencias internas, sumadas a la falta de respuesta oficial, no solo vulneran los derechos de los trabajadores, sino que también obstaculizan la búsqueda de quienes siguen sin ser encontrados.




