Del IMSS-Bienestar a la polémica: la caída de Gerónimo Lara

PUEBLA, Pue., 10 de junio del 2026.- Gerónimo Lara Gálvez, médico especialista en Medicina Interna egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se convirtió en una de las figuras clave del proceso de transformación del sistema de salud en Puebla. A lo largo de su trayectoria en el servicio público ocupó diversos cargos estratégicos dentro de la estructura sanitaria estatal.

Antes de asumir la representación del IMSS-Bienestar en Puebla, Lara Gálvez se desempeñó como coordinador estatal de Riesgo Cardiovascular y Envejecimiento de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP), director de Operación de Personal de la misma dependencia y posteriormente subsecretario de Salud de la zona A, posiciones desde las que participó en la operación y administración de los servicios médicos en la entidad.

Su llegada al IMSS-Bienestar ocurrió en el contexto de la federalización del sistema de salud impulsada por el Gobierno de México. En octubre de 2023, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acudió a Palacio Nacional para formalizar la adhesión de Puebla a este modelo, que comenzó operaciones en el Hospital General del Norte y posteriormente amplió su cobertura al resto de unidades médicas estatales.

Desde entonces, Gerónimo Lara encabezó durante 30 meses consecutivos la delegación poblana del IMSS-Bienestar, convirtiéndose en el principal responsable de coordinar la implementación del nuevo esquema de atención médica en el estado.

Escándalo en el IMSS Bienestar por presunta corrupción

Sin embargo, su gestión concluyó de manera abrupta tras los señalamientos realizados por autoridades federales sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios de hemodiálisis.

La salida del funcionario se produjo luego de que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, exhibiera durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum presuntos sobrecostos en la adquisición de tratamientos de hemodiálisis.

De acuerdo con la información presentada, las delegaciones de Puebla y Estado de México contrataron dichos servicios con la empresa Zdenko S.A. de C.V. por hasta 32 mil pesos por paciente, cuando el precio promedio en el mercado sería de aproximadamente mil 500 pesos.

Las acusaciones colocaron a la delegación poblana en el centro de la polémica nacional, debido a que los costos reportados representarían un incremento de más del 2 mil por ciento respecto al valor promedio de este procedimiento médico. El caso fue presentado por las autoridades federales como parte de una revisión a contratos relacionados con la prestación de servicios de salud especializados.

Tras hacerse públicos los señalamientos, el IMSS-Bienestar confirmó la remoción de Gerónimo Lara Gálvez como delegado estatal y nombró en su lugar a Justino Joaquín Espidio Camarillo. No obstante, la institución informó que el médico poblano no abandonará por completo la estructura federal de salud, pues será incorporado a la Unidad de Gestión Territorial en Salud del propio organismo.

Sanciones a las que sería acreedor Gerónimo Lara

Aunque hasta el momento no existe una resolución definitiva sobre el caso, especialistas en materia administrativa señalan que, de acreditarse alguna responsabilidad en la autorización, validación o posible encubrimiento de contratos con sobrecostos, el exdelegado podría enfrentar procedimientos ante los órganos internos de control y las autoridades fiscalizadoras federales.

Entre las sanciones administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentran la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de uno a 20 años, dependiendo de la gravedad de la falta; además de sanciones económicas resarcitorias equivalentes al daño ocasionado al erario público y la inscripción de dichas sanciones en su expediente como servidor público.

Asimismo, si las investigaciones derivaran en responsabilidades de carácter penal, la Fiscalía General de la República (FGR) podría iniciar procedimientos por delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público o peculado. Estas conductas contemplan penas de prisión, multas económicas y medidas para la reparación del daño patrimonial al estado.