Acusa García Parra deslealtad en de Pepe Chedraui y Ariadna Ayala

PUEBLA, Pue., 09 de septiembre del 2026 - El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, acusó al alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib, y a la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, de incurrir en una “deslealtad” hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación por contratar servicios de empresas vinculadas con TV Azteca Puebla.

El señalamiento ocurre después de que se conocieran los convenios de ambos ayuntamientos con empresas de Grupo Salinas. En Puebla capital, la administración de Chedraui destinó 26 millones 48 mil 789 pesos a la televisora y un proveedor de internet mediante adjudicación directa, por servicios contratados entre octubre de 2024 y enero de 2025; el alcalde confirmó el acuerdo, aunque posteriormente aseguró que fue cancelado.

En Atlixco, el gobierno de Ariadna Ayala mantiene durante 2026 un contrato por 626 mil 400 pesos para la difusión de actividades gubernamentales. El convenio incluye una cláusula relacionada con contenidos contrarios a la administración municipal, lo que añadió un elemento de controversia al uso de recursos públicos para contratar servicios de comunicación.

Aunque García Parra reconoció que los ayuntamientos tienen autonomía para decidir cómo ejercer su presupuesto, cuestionó que gobiernos emanados de Morena y PT destinen dinero a una televisora que mantiene una posture crítica hacia la presidenta de México.

“Sí es una deslealtad a la presidenta de la República, es una deslealtad a la Cuarta Transformación financiar a un grupo, a una televisora que se dedica a la extorsión y a fabricar mentiras en contra de la presidenta de la Cuarta Transformación”, señaló.

El funcionario también sostuvo que la relación entre gobiernos y la televisora no se limita a Puebla y Atlixco, pues afirmó que existen otros municipios gobernados por integrantes de la Cuarta Transformación que han recurrido a este tipo de contrataciones.

Sus declaraciones abren una disputa política dentro del propio movimiento, al cuestionar decisiones de dos ediles que pertenecen al mismo bloque que gobierna a nivel federal.

Más allá de la confrontación política, los contratos ponen bajo la lupa el destino de recursos públicos destinados a comunicación gubernamental y las condiciones pactadas con los medios.

En ambos casos, el debate se centra en cuánto dinero se entrega, qué servicios reciben los municipios y, particularmente, si las cláusulas de los convenios pueden influir en la cobertura informativa de los gobiernos.