Notas para un lector improbable
En México, miles de viviendas permanecen abandonadas. Muchas de ellas se ubican en fraccionamientos de reciente construcción en las periferias de las ciudades, bajo la promesa del sueño de la casa propia. Sin embargo, para muchas familias, ese sueño termina convirtiéndose en distancia, aislamiento y, en algunos casos, abandono.
En el estado de Puebla, el problema no es menor. De acuerdo con datos del INEGI (2020), existen más de 6 millones de viviendas deshabitadas a nivel nacional y 315 mil en el estado de Puebla. Municipios como Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y Puebla capital han crecido aceleradamente a partir de fraccionamientos construidos, en muchos casos, en territorios donde los servicios públicos son insuficientes, el transporte es escaso o deficiente y la movilidad sigue siendo limitada. La vivienda existe; lo que sigue sin llegar es una ciudad funcional.
De acuerdo con el INEGI (2020), en Amozoc existen aproximadamente 4,737 viviendas deshabitadas, cifra superada por Cuautlancingo, con 9,153, en cuanto a Coronango, alrededor de 3,842. Justamente entre estos dos últimos municipios se ubica el Fraccionamiento Misiones de San Francisco, uno de los desarrollos habitacionales de mayor escala construidos en las últimas dos décadas (2008). Tan solo en este conjunto, de sus 12,984 viviendas, 4,213 permanecen deshabitadas. Una cifra que no solo preocupa, sino que exhibe con claridad lo que ocurre cuando se construye vivienda sin garantizar ciudad, conectividad ni condiciones suficientes para habitar dignamente.
Frente a estas condiciones, muchas familias toman decisiones difíciles: abandonar temporal o definitivamente las viviendas que adquirieron con años de esfuerzo para acercarse a sus centros de trabajo, acceder a mejores servicios o, simplemente, buscar una mejor calidad de vida. Otras optan por conservarlas como patrimonio, aunque permanezcan deshabitadas durante largos periodos. Sin embargo, el abandono suele traer consecuencias: vandalismo, deterioro y afectaciones al entorno. En el peor de los casos, la invasión, ya sea por particulares, incluso vecinos del mismo fraccionamiento, o por organizaciones populares que no solo invaden vialidades y espacios públicos, sino también viviendas.
Lo más preocupante es que este problema no surge por falta de criterios o lineamientos. Desde hace años, el propio INFONAVIT ha establecido políticas para evitar la construcción de vivienda desconectada, promoviendo que los desarrollos consideren aspectos básicos como acceso al transporte, cercanía a fuentes de empleo, disponibilidad de servicios públicos, equipamiento urbano y condiciones adecuadas de movilidad y conectividad. En teoría, la vivienda debía construirse en territorios viables y habitables. Sin embargo, en la práctica ocurrió lo contrario: desde los años 2000 y hasta la actualidad, gran parte de la vivienda se ha autorizado en periferias mal conectadas, alejadas y con servicios insuficientes.
De hecho, el propio INFONAVIT ha reconocido, a través de distintos análisis publicados en su Revista Vivienda y citando a diversos autores como Alicia Ziccardi, que gran parte de la vivienda deshabitada está relacionada con desarrollos desconectados: lejanos a los centros de trabajo, con transporte deficiente, servicios insuficientes y pocas condiciones para sostener la vida cotidiana. La pregunta entonces ya no es menor, sino profundamente preocupante: si las causas eran conocidas y los lineamientos existían, ¿por qué se siguieron autorizando desarrollos donde habitar dignamente era, desde el inicio, tan difícil?
Aun con este panorama, el problema no ha pasado desapercibido. El INFONAVIT y el gobierno federal han impulsado censos y distintos planteamientos para recuperar vivienda abandonada, incluyendo esquemas de rehabilitación, regularización y reincorporación al mercado. Incluso, en 2025 se anunció un plan nacional para recuperar hasta 600 mil viviendas deshabitadas. No obstante, en la práctica, estos esfuerzos siguen siendo poco visibles. Al menos desde lo observable en muchos territorios, pareciera que gran parte del trabajo se ha quedado en diagnósticos, anuncios y discursos, mientras el abandono continúa avanzando y miles de viviendas siguen deteriorándose sin una respuesta clara y contundente.
El problema persiste y sigue evidenciando una realidad incómoda: durante años se construyeron casas, pero no ciudad. Cuando una vivienda se abandona, no solo fracasa una familia, un patrimonio o un crédito hipotecario; también fracasa un modelo urbano que priorizó construir al mayoreo antes que garantizar calidad de vida, movilidad, servicios y condiciones dignas para habitar. Porque el problema no es únicamente ver casas vacías en el paisaje urbano; el verdadero problema es seguir normalizando ciudades mal planeadas, desconectadas y profundamente desiguales. Mientras las autoridades gubernamentales sigan autorizando vivienda sin construir comunidad, accesibilidad y bienestar, seguiremos acumulando algo más grave que fraccionamientos abandonados: ciudades fallidas.




