Columna Descomplicado/Jorge Robledo
“Nadie es lo suficientemente bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.”
Abraham Lincoln
Linda frase, pero ¿te has preguntado cuánto permiso le hemos dado a nuestras autoridades para gobernarnos?
Cada propuesta, cada idea y cada palabra que sale de una boca que vive en su burbuja puede afectarnos. La mayoría de quienes viven de la política son personas privilegiadas que, por compadrazgos o popularidad superficial, acceden a cargos públicos. Sus palabras nos afectan; este es el caso de la diputada poblana Nay Salvatori.
Si eres un adulto que se va sin avisarle a alguien ¡cuidado!, pues esta diputada pretende criminalizar tus decisiones “por afectar a otros”, a pesar de que tú no pidas que te busquen.
La morenista, con una larga trayectoria en los reflectores, ha mostrado astucia al ir ajustando su discurso conforme avanza la polémica.
Primero afirmó en redes que debían ser castigados “los reportes falsos personas desaparecidas con malas intenciones” y después agregó que la medida iba dirigida a las “personas que se hagan pasar por desaparecidas”, no a quienes levanten la denuncia. Video original disponible en su TikTok, publicado el 22 de enero de 2026.
Dejando con ello durante un par de días el cuestionamiento de si también las personas que denuncien “una falsa desaparición”, serán acreedoras al castigo, afortunadamente luego se retractó de esto, luego se excusa de que aún no tiene en la propuesta oficial de ley y que no se le puede “criticar”. Esto, a pesar de que es una autoridad y sus palabras tienen peso social.
A pesar de tener acceso a abogados y especialistas en el tema, la diputada parecía olvidar que los artículos 247, 247 Bis y 248 Bis del Código Penal Federal ya contemplan sanciones por presentar acusaciones o denuncias falsas con dolo, cosa que recordó después de varios días y videos.
Ahora el día 28 de enero la diputada afirma que el proyecto únicamente es agregar en la redacción la palabra “omitir”, para castigar a quienes a pesar de que sepan que la o lo están buscando, no aparezca voluntariamente.
Esto, porque el Estado pudo haber gastado “mucho recurso” en hallar a la persona desaparecida. Al parecer ahora va a tener que gastar más en demostrar que la persona que se fue por voluntad propia sabía o no sabía que la estaban buscando.
Si decides no avisar dónde estás, la diputada propone hasta tres años de cárcel, obligarlos a tomar cursos de perspectiva de género y salud mental (como si la salud mental fuera castigo).
Dice la diputada que quienes huyen de sus hogares es por “llamar la atención o ver telenovelas”, nada tiene que ver por violencia familiar, violencia psicológica, inseguridad o miedo que viven. Por cierto, comentario clasista.
La pregunta es: ¿Por qué insiste en castigar a la ciudadanía en lugar de exigir al gobernador Alejandro Armenta, en destinar más recurso para que la Fiscalía pueda buscar a más personas?
Si bien, es verdad que en Puebla el número de ausencias voluntarias es grande, pues, de 1,851 reportes de desaparición de personas ante la fiscal general en 2025, 1,585 casos (aproximadamente 85 %) correspondieron a ausencias voluntarias (personas que se marcharon por voluntad propia y luego fueron localizadas),
¿No debería mejor emprender una campaña para que quienes se vayan sin avisarles a sus familiares puedan avisarle a la fiscalía que se van por su propia cuenta?
Hay políticas correctivas y propositivas. Lo que propone la diputada es castigar y exhibir a quienes decidan irse por voluntad, y hay políticas propositivas, lo que propone su servidor en este texto, es que un ciudadano pueda ante la Fiscalía, indicar que se va de la ciudad, para que no lo busquen, y si es necesario localizarlo, puedan hacerlo con algún contacto.
Campañas de televisión, radio e internet, donde se invite a la gente a informar a la autoridad sobre su ausencia. Si pasara eso, el 85% de las denuncias de desaparecidos en Puebla se irían, y la fuerza del estado se preocuparía por un 15% que no aparece.
Recuerde querido lector, no se trata de castigar por castigar, sino de proponer con empatía y respeto a todos.
Quien huye de su casa, no es por “drama”, es porque algo ocurre.
La salud mental NO es un castigo, y si la gente no tiene acceso a ello, las autoridades deben preocuparse por buscar estrategias para que la gente acceda a ellos.
¿De qué otro modo las personas con problemas emocionales podrán acceder a los programas de salud mental?
Una participación ciudadana óptima permite que las voces de todos sean escuchadas, ¿Qué propones para no criminalizar a las personas que se van por voluntad propia?
Gracias, lector, por darme tu tiempo, te invito a compartirme tus opiniones sobre este tema. Recuerda, las ideas de alguien con un poquito de poder te afectan para bien o para mal.




