¿Te afectará?

13 de julio de 2026

5:15

Por Rodolfo Zempoaltecatl

La privatización del agua también se inundó

«El primer hombre que, habiendo cercado un terreno, pensó en decir “esto es mío” y halló gentes bastante simples para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil».— Jean-Jacques Rousseau

Ese fue el discurso que escuchamos hace más de una década cuando el servicio de agua potable y alcantarillado en Puebla fue concesionado a una empresa privada. Se nos dijo que el capital privado traería inversión, eficiencia y mejores servicios. Que el mercado haría lo que el gobierno no había podido hacer.

Después de más de diez años, la pregunta ya no es ideológica. La pregunta es mucho más sencilla:

¿Se cumplió esa promesa?

Porque cuando llegaron las lluvias, también llegaron las inundaciones.

Calles convertidas en ríos, familias perdiendo su patrimonio, automóviles flotando y colonias enteras bajo el agua.

Entre toda esa basura apareció algo que llamó mi atención: decenas de pendones de plástico y miles de volantes del propio Gobierno del Estado presumiendo calles pavimentadas, junto con propaganda de personajes que buscan un cargo público.

Una ironía.

La propaganda terminó convertida en basura.

Y la basura terminó en las coladeras.

Pero reducir el problema únicamente a la basura sería demasiado simple.

Las inundaciones no tienen un solo responsable.

Son el resultado de años de decisiones equivocadas.

La responsabilidad de Agua de Puebla

El Reglamento Interior del SOAPAP no deja lugar a interpretaciones.

Establece que el organismo debe “solicitar al concesionario el Programa de Inversión y Mantenimiento y supervisar su cumplimiento”. Asimismo, señala que debe «vigilar que el concesionario administre y utilice adecuadamente la infraestructura del SOAPAP, requerirle el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y diseñar mecanismos para evaluar su desempeño en la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica», con el propósito de asegurar la calidad de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título de Concesión.

Es decir, el mantenimiento del drenaje no depende de la buena voluntad de la empresa.

Forma parte de sus obligaciones.

Por ello, cuando existen cuestionamientos sobre colectores saturados, drenajes insuficientes o desazolves que no dieron los resultados esperados, la discusión debe dirigirse hacia el cumplimiento del propio contrato de concesión.

Pero también existe otra pregunta

Si SOAPAP tiene la obligación legal de supervisar al concesionario…

¿Quién supervisó al supervisor?

Porque el mismo Reglamento le ordena vigilar, evaluar y verificar que la empresa cumpla con el mantenimiento y la correcta administración de la infraestructura hidráulica.

Si después de más de una década seguimos enfrentando problemas estructurales de alcantarillado, cobertura y saneamiento, entonces la evaluación no debería limitarse únicamente a la empresa concesionaria.

También debe alcanzar a quien tenía la responsabilidad legal de vigilarla.

No se trata de señalar culpables anticipadamente.

Se trata de hacer una pregunta legítima:

¿Se ejercieron durante estos más de diez años las facultades de supervisión que la propia ley otorga al SOAPAP?

El Estado también genera basura

Mientras miles de ciudadanos pueden ser sancionados por tirar basura en la vía pública, cada temporada aparecen miles de pendones de plástico, lonas y volantes de propaganda institucional y política.

Después de una lluvia dejan de ser propaganda.

Se convierten en residuos sólidos urbanos.

El propio COREMUN establece obligaciones relacionadas con el manejo adecuado de los residuos sólidos en la vía pública y, además, el Ayuntamiento reformó el artículo 1344 Bis para prohibir, fuera de los procesos electorales, la colocación y distribución de propaganda personalizada de aspirantes a cargos públicos, buscando proteger la imagen urbana y evitar la contaminación visual.

Entonces surge otra pregunta.

¿Quién recoge toda esa propaganda cuando termina en las calles?

Porque si nadie lo hace, termina en barrancas, ríos, alcantarillas y drenajes.

Y después nos preguntamos por qué las coladeras se tapan.

No afirmo que esos volantes hayan causado las inundaciones.

Sería irresponsable decirlo.

Pero sí representan residuos sólidos urbanos que incrementan la carga de basura que llega al drenaje durante una tormenta.

También seguimos impermeabilizando Puebla

Cada año celebramos nuevas calles pavimentadas.

Pocas veces celebramos el suelo que dejamos de infiltrar.

Cada metro cuadrado de concreto es un metro cuadrado menos que permite recargar los acuíferos.

Cada árbol talado representa menos sombra, menos infiltración, menos biodiversidad y mayor temperatura.

Después nos sorprendemos de que el agua no encuentre dónde infiltrarse.

La realidad es que sí encuentra un camino.

Las coladeras.

Y cuando estas ya no tienen capacidad suficiente, el agua termina entrando a las casas.

Entonces…

¿Falló la propiedad privada?

Creo que la pregunta correcta es otra.

¿Falló el modelo de concesión?

Porque la propiedad privada no garantiza por sí sola mejores servicios públicos.

Sin supervisión efectiva, sin indicadores públicos de desempeño, sin inversiones suficientes y sin una autoridad que haga cumplir el contrato, un monopolio privado puede ser tan ineficiente como un monopolio público.

El agua no es un teléfono celular que podamos cambiar de compañía cuando el servicio es malo.

Es un monopolio natural.

Y precisamente por eso el Estado tiene la obligación de regularlo con firmeza.

Puebla necesita cambiar de paradigma

Las inundaciones no se resolverán únicamente limpiando coladeras antes de cada temporada de lluvias.

Necesitamos recuperar suelo permeable.

Construir jardines de lluvia.

Desentubar parcialmente el río San Francisco.

Crear corredores ecológicos.

Incrementar la cobertura vegetal.

Invertir en infraestructura hidráulica antes de que colapse.

Y dejar de pensar que una fotografía inaugurando una calle pavimentada representa desarrollo.