Resiliencia Activa

13 de julio de 2026

5:20

Por María de Jesús O. Tobón Ramírez

Atlas de riesgos: Entre la complejidad técnica y el desinterés político

El reciente anuncio de la actualización del Atlas Municipal de Riesgos en Puebla capital abre una ventana de discusión indispensable en la agenda pública. En un país habituado a reaccionar ante la tragedia en lugar de prevenirla, la renovación de estos instrumentos suele presentarse con bombo y platillo como el máximo logro de resiliencia institucional. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial, la realidad del territorio nacional es alarmante. Este escenario nos obliga a formular una pregunta incómoda pero urgente: ¿son los atlas de riesgos verdaderas guías de política pública o se han convertido en costosos catálogos cartográficos que terminan engavetados en los escritorios del poder?

Para entender el problema, es necesario definir qué es y qué no es este instrumento. Un Atlas de Riesgos no es un simple mapa decorativo de zonas inundables o fallas geológicas; es un sistema integral de información y una herramienta dinámica y científica que analiza de forma transversal tres variables críticas: las amenazas (tanto naturales como antropogénicas), el grado de exposición de la infraestructura y, fundamentalmente, el nivel de vulnerabilidad social de la población. Su propósito metodológico no es contemplar el peligro, sino simular escenarios de desastre para dictar medidas de mitigación y planificar el desarrollo urbano seguro.

No obstante, el panorama nacional delata que la prevención en México se rige por el azar. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), apenas poco más del 25% de los 2,478 municipios del país cuentan con este instrumento básico. El resto del territorio opera prácticamente "a ciegas". La crisis estatal no es menor: en el estado de Puebla, históricamente solo una mínima fracción de sus 217 municipios mantiene un documento vigente, mientras que demarcaciones con un historial crítico de desastres arrastran rezagos de quince años o más. La autonomía hacendaria municipal, escudada en el artículo 115 constitucional, suele ser la perfecta justificación política para no etiquetar recursos en la materia, tratando la seguridad ciudadana como un gasto prescindible en vez de una inversión vital.

Tener el documento, además, no garantiza la seguridad si este no se traduce en acciones. Muy pocos municipios en el país han logrado dar el salto de la teoría a la praxis. Casos aislados como Irapuato o Pinotepa Nacional han intentado mantener dinámicas de actualización, pero el verdadero reto radica en desprender políticas públicas tangibles de gestión del riesgo. Un atlas es inútil si los tomadores de decisiones —personas titulares del ejecutivo municipal, regidoras y regidores, directores de obra pública y todo el personal que labora en el ayuntamiento— carecen de la capacidad técnica para interpretarlo o, peor aún, si deciden ignorarlo para ceder ante presiones inmobiliarias, autorizando asentamientos irregulares en zonas de amortiguamiento, lechos de ríos o suelos blandos propensos a la resonancia sísmica.

Los atlas de riesgos son herramientas tan técnicas que solo quien las elabora, las comprende. Por ello, los ayuntamientos deben contar con personal multidisciplinario que los interprete y conecte con el diseño de políticas públicas en gestión de riesgos. Pero, claro, salvar vidas, por más ilógico que parezca, no vende con el electorado como cualquier otro “programa social”. Esto habla de un desconocimiento del tema por parte de autoridades y ciudadanos, o quizá de un estado de comodidad para ambos.

La gestión integral de riesgos jamás será efectiva si se le sigue reduciendo a una función meramente reactiva o a un software de consulta. Si la actualización del atlas en Puebla capital no se vincula directamente con la Ley de Ingresos, el organigrama, los planes de desarrollo urbano, las licencias de construcción y el presupuesto participativo, todo quedará en una simulación digital. Las autoridades deben comprender que la prevención no se mide por la cantidad de datos almacenados, sino por las vidas que se salvan al tomar decisiones correctas. Al final, los mapas pueden lucir impecables en una pantalla, pero el impacto de un desastre se seguirá cobrando en las calles y en el luto de las familias.