Columna Descomplicado/Jorge Robledo
“La democracia no es más que una dictadura elegida por el pueblo; no nos engañemos.”
Frase atribuida a Bob Marley
El viernes 8 de mayo se convocó a una “mesa de trabajo” para atender el tema del cablebús y, para sorpresa de nadie, esa “mesa de trabajo” no resultó más que una simulación.
Los mismos funcionarios que les quitan los celulares a los activistas cuando se reúnen —por miedo a evidenciar su desconocimiento— ahora cambiaron de estrategia: organizar un “foro abierto” en un auditorio prácticamente abandonado del Edificio de Finanzas, propiedad del gobierno, junto con otras organizaciones, para aparentar que estaban escuchando a muchos sectores de la ciudadanía.
Durante la reunión se impusieron varias reglas. Una de ellas consistía en que los ponentes “especialistas” expondrían toda la información técnica y científica relacionada con el cablebús. Otra, que no se permitirían preguntas durante las exposiciones. Y finalmente, que al concluir únicamente se aceptarían tres preguntas por colectivo.
Los ponentes dejaron más dudas que respuestas. Incluso afirmaron no ser especialistas en varios de los temas relacionados con el proyecto y admitieron que parte de los estudios fueron elaborados con información rezagada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo que no actualiza un censo poblacional completo desde 2020.
Al final, cuando llegó el momento de las preguntas, solicitaron que fueran entregadas por escrito. Así se hizo.
Como ocurre en toda simulación, primero se leyeron las preguntas cómodas y favorables:
Preguntas que ya habían sido respondidas durante las presentaciones en PowerPoint y cuyas respuestas resultaba sencillo repetir.
Sin embargo, cuando llegó el turno de las preguntas realizadas por especialistas de la Agenda Verde por los Árboles y Áreas Verdes del Estado de Puebla, los funcionarios no pudieron más que admitir que la primera respuesta “sería muy extensa” y que no podrían responderla en ese momento. Es decir, toda la presentación y la presencia de sus “especialistas” no fueron suficientes para resolver cuestionamientos técnicos fundamentales.
Los funcionarios del Gobierno de Puebla leyeron las preguntas en privado y decidieron terminar el evento.
Ante esa negativa de transparencia, los colectivos inconformes exigieron respuestas públicas. Los burócratas afirmaron que responderían “por escrito”.
Un joven se levantó molesto en medio del auditorio exigiendo que se respetara el formato de “tres preguntas” impuesto por los propios funcionarios. Entonces ocurrió algo inesperado: vecinas y vecinos comenzaron a bajar desde la parte alta del auditorio para increpar directamente a las autoridades.
La tensión fue evidente. La ciudadanía exigía respuestas; los funcionarios, como suele ocurrir, decidieron agruparse entre ellos. Solo uno de ellos, Carlos Martínez, de Gobernación, decidió dar la cara, recibir los reclamos y entablar diálogo.
Él y Antonio Rueda, director de biodiversidad de Medio Ambiente, fueron prácticamente los únicos que intentaron construir puentes entre los colectivos y el gobierno. Los demás permanecieron alejados. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿para qué sirven tantas subsecretarías si ni siquiera pueden responder técnicamente a la ciudadanía?
La reunión fue desastrosa.
¿La fórmula del desastre? Imposición, falta de diálogo y exceso de improvisación.
Pareciera que el gobernador Alejandro Armenta debe reconsiderar quiénes son los funcionarios que lo representan, porque muchos parecen estar haciéndole más daño que bien.
El cablebús continúa teniendo una imagen negativa entre amplios sectores de la ciudadanía. La pregunta es: ¿cómo pretenden corregirlo?
Nos leemos pronto.




