Resiliencia Activa: Morena: ¿Consolidación o retorno al origen?

Las reformas electorales en México no son casualidad; históricamente, cada movimiento ha sido planeado con la precisión de un golpe de taco a bolas de billar. Desde la creación del sistema político en 1929 con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR), las modificaciones legales han sido los medios para los fines que la élite política en turno necesitaba. Podemos agrupar esta evolución en cuatro grandes etapas que explican nuestro presente.
La primera etapa surgió con la necesidad de concentrar el poder. Una vez creado el gran partido, se agruparon los liderazgos regionales dispersos para institucionalizar la lucha por el mando, dejando atrás la disputa por medio de las armas. Fue la arquitectura de la unidad nacional bajo un solo emblema.
La segunda etapa se consolida en 1946 con la creación de la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Este entramado institucional buscaba la hegemonía total: el Estado era juez y parte. El PRI se extendió por cada rincón del territorio, ampliando su estructura clientelar y obteniendo votaciones que rara vez bajaban del 70%. El control de los comicios era la forma de garantizar la permanencia del fondo: el poder absoluto.
Tras 34 años de dominio incuestionable, la tercera etapa se inaugura en 1963 con los “diputados de partido”, buscando dar oxígeno a las minorías sin amenazar la estabilidad del régimen. El hartazgo social y el desgaste del gobierno obligaron a la gran reforma de 1977, que amplió la representación proporcional y abrió el camino democrático. Este proceso culminó con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) y la histórica transición del año 2000.
La última etapa comenzó tras la crisis electoral de 2006. Las reformas posteriores se enfocaron en consolidar la equidad y blindar la democracia, logrando que entre 2000 y 2024 existiera alternancia en la presidencia entre tres partidos distintos. Parecía que el sistema finalmente había encontrado un equilibrio funcional.
La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum debe ser analizada con mucho detalle porque si se quiere consolidar la democracia, no deben buscarse resultados electorales peligrosos, como la sobrerrepresentación de una fuerza política, la concentración de poder o el debilitamiento de las instituciones políticas. Una reforma que busque consolidar la democracia deberá incluir más espacios a las minorías, más participación ciudadana, más transparencia, más equidad en el juego político, debe garantizar el 100% de incertidumbre en el resultado, pero el 100% de confianza en el proceso. La pregunta es si la reforma propuesta será un avance democrático o un retroceso a la consolidación de una nueva hegemonía que construya una estructura tan fuerte que no se pueda derribar en 80 años hasta que el hartazgo histórico se repita, se quite del poder con otra reforma y se vuelva a comenzar el camino de apertura. La discusión de la reforma requiere políticos y ciudadanos de alto nivel con conocimiento de la historia política de México y más amor a la democracia que a sus ambiciones personales.
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