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Narco-política: La estructura que el discurso no puede tapar ni con reformas

La semana pasada, a propuesta de Morena, el Congreso aprobó tres reformas constitucionales; dos de ellas deben analizarse con profundidad: la creación de la Comisión de verificación de integridad de candidaturas y la de aprobar como causa de nulidad de elección la intervención extranjera.

La Consejera Jurídica de la Presidenta explicó que la Comisión de verificación será del INE y que fungirá como un puente entre los partidos y las instituciones de seguridad y de inteligencia que se tienen en el país. El procedimiento consiste en que los partidos políticos entregarán voluntariamente a la Comisión el listado de los candidatos, y ésta los pasará a las instituciones de seguridad e inteligencia para que determinen si existe riesgo en alguna candidatura.

El procedimiento comienza mal desde que la entrega de listas será voluntaria. Si ya se hará un gasto de recursos en el INE, entonces todos los partidos deberían estar obligados a entregar sus listas y todas las personas que pretendan una candidatura deberían ser investigadas, aunque, claro, llevaría mucho tiempo investigarlas a todas.

Más allá del procedimiento, la razón de crear una comisión de ese tipo lleva a la Presidenta a tener que aceptar que en la política del país hay funcionarios que llegaron al poder gracias al apoyo de narcotraficantes, pero aún más grave: no solo llegaron con apoyo, sino que estos funcionarios forman parte de los grupos delictivos y, claro está, no están solos; los acompaña toda una estructura narco-política que moviliza votos a través de las amenazas contra la vida de las personas que se niegan a trabajar por ese grupo político.

En el discurso se dirá que por primera vez se toma esta medida como prueba del combate a la corrupción y a la delincuencia, y que los gobiernos de Morena son los que se atrevieron a realizar esta medida de “protección” al país, pero la realidad va más allá. Si bien es cierto que los grupos de narcos han estado en complicidad con autoridades desde el siglo pasado, el gran error de Morena y de su creador, Andrés Manuel López Obrador, fue declarar repetidamente que Morena no establecería alianzas con grupos del crimen organizado, además de terminar con la corrupción, los ladrones de cuello blanco, los lujos, etc. La realidad es que a veinte años de iniciado ese movimiento y a ocho años de encabezar el Poder Ejecutivo, el panorama no respalda esas declaraciones; basta con mencionar el caso de Rocha Moya en Sinaloa, pero seguramente no es el único y el temor es que cuando llegan vivos a las instituciones de justicia se vuelven un peligro para las redes de corrupción porque revelan información que las autoridades se encargan de encubrir.

Conectada con la reforma que se ocupa de “salvar” la política del país del crimen organizado, está la reforma que establece como causal de nulidad de una elección la intervención extranjera en los procesos electorales. Esta reforma es un falso escudo de soberanía, ya que se sabe que las autoridades de Estados Unidos han colaborado, sobre todo, en labores de inteligencia para la localización y captura de personajes importantes en el mundo delincuencial. Habría que preguntarse cuáles serán los probatorios de la intervención extranjera y quién realizará la calificación de los procesos que determinarán la causalidad.

Esta reforma parece más un comodín para usarse cuando los resultados electorales no le favorezcan al partido oficialista que, por el momento, es Morena. Y si ya se están blindando en los resultados electorales es que están proyectando que el costo político de cobijar al crimen organizado será alto. 

En una democracia consolidada eso sería lo esperado, que el voto razonado lleve a premiar o castigar el desempeño de las autoridades, desafortunadamente México no es una democracia consolidada y el voto ciudadano todavía no es mayoritariamente razonado. Habrá quienes castiguen a Morena por su falso discurso pero también habrá quien lo disculpe a cambio de mantener ciertos programas sociales. 

Al final, estas reformas parecen diseñadas no para blindar nuestra democracia, sino para legalizar la simulación y decidir, a conveniencia política, qué complicidades se persiguen y cuáles se encubren.

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