Resiliencia Activa

28 de agosto de 1973: La construcción histórica del riesgo y la lección no aprendida

Se dice que la persona que no conoce la historia está condenada a repetirla. El 28 de agosto de 1973, un sismo de gran magnitud transformó la historia del centro de México. Con epicentro en las cercanías de Orizaba, Veracruz, el movimiento telúrico golpeó con enorme fuerza al territorio poblano, dejando cicatrices en municipios como Ciudad Serdán, la Sierra Negra y el centro del estado. Las imágenes de aquella jornada: viviendas reducidas a escombros, templos colapsados y familias buscando a sus seres queridos entre las ruinas, constituyeron una llamada de atención sobre la fragilidad del hábitat humano frente a la dinámica geofísica del territorio. Sin embargo, más allá de la sacudida sísmica, lo que aquel episodio expuso fue el verdadero rostro de los eventos extremos: la vulnerabilidad social e institucional preexistente en nuestras comunidades.

En la teoría contemporánea de la gestión del riesgo se sostiene con firmeza que los desastres no son naturales. La naturaleza produce fenómenos geológicos o meteorológicos de variada intensidad; la sociedad, a través de sus modelos de desarrollo, sus omisiones de planeación urbana y la fragilidad estructural de sus asentamientos, es la que construye el riesgo. En 1973, el aviso se dio con suficiente claridad aunque previamente ya había ocurrido otro terremoto en 1957 donde la victoria alada (el ángel de la independencia) se cayó. La trágica pérdida de vidas humanas y el colapso masivo de la infraestructura básica demostraron que las técnicas constructivas de la época, la falta de reglamentación técnica y la ausencia de protocolos de protección representaban una amenaza latente para la población.

No obstante, la respuesta gubernamental de aquellos años se mantuvo en los márgenes de la reacción asistencialista y la atención de la emergencia. Una vez retirados los escombros y sepultadas las víctimas, el tema se diluyó en la memoria oficial sin traducirse en reformas normativas de fondo, ni en la creación de instituciones públicas especializadas en la prevención. No se actualizaron los reglamentos de construcción, no se incorporó la cartografía de riesgos al ordenamiento territorial y se prescindió de una pedagogía social para la autoprotección. Se asumió la tragedia como un evento fortuito, condenando a la población a una amnesia preventiva.

El costo de ignorar aquella advertencia histórica se cobró con creces doce años después. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la región central no fue únicamente una catástrofe geológica, sino la amarga evidencia de una omisión acumulada. La devastación de 1985 expuso de manera dramática cómo la falta de aprendizaje institucional tras el aviso de 1973 desembocó en una vulnerabilidad institucional y política sistémica de consecuencias nefastas para todo el país. A más de cinco décadas de aquel agosto de 1973, la memoria histórica debe convertirse en un imperativo ético de la gobernanza del riesgo. La gestión integral del riesgo demanda que las lecciones del pasado orienten la regulación del presente: desde la rigurosidad en las licencias de edificación hasta la consolidación de planes locales de protección civil. Recordar el sismo de 1973 es asumir que la prevención no es un gasto prescindible, sino un compromiso público primordial para salvaguardar la vida humana en nuestras ciudades.

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