Prueba de ácido

Erróneamente se califica como electoral la iniciativa del régimen para modificar la integración de la representación popular en las Cámaras del Congreso y el esquema de financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos. Incluso, cambiar al INE no es una reforma electoral, sino política, ya que se trata de un órgano autónomo del Estado. Propiamente electoral es la manera de organizar las elecciones, sus instrumentos —como el padrón de votantes— y la regulación de la jornada electoral. El carácter político se acentúa al pretender modificar la fecha de la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia, siendo evidente el objetivo electoral.

Una de las motivaciones de López Obrador fue acabar con el INE. Como dice el comisario Pablo Gómez, ellos no creen en los órganos autónomos del Estado. Además, la idea de eliminar la representación proporcional, bajo la tesis de reducir el costo del Congreso, en realidad es una manera de regresar a la sobrerrepresentación política.

Si se trata de cumplir con las intenciones iniciales de López Obrador —el llamado Plan C— y con lo expresado por el coordinador gubernamental de los trabajos, Pablo Gómez, es claramente una contrarreforma para llegar al punto de partida: el regreso del partido hegemónico. En este objetivo se anticipa como dificultad mayor el voto de los aliados de Morena, PT y PVEM, que causarían baja con una reforma así. Es una manera de volverlos prescindibles, a pesar de que fueron clave para la sobrerrepresentación del régimen en la Cámara de Diputados.

La reforma política será la prueba de ácido para la construcción del régimen autoritario. No deja de sorprender el asalto a la pluralidad en un mundo donde la gobernabilidad se construye y ejerce a través del reconocimiento de la diversidad social, política y regional. Sorprende porque, en la idea del partido hegemónico, subyace la tesis de que una sola fuerza política puede representar al conjunto heterogéneo, particularmente si se hace desde el populismo; esto es, del partido histórico, representante único de la voluntad popular. Por esta razón, toda diferencia política es descalificada, tratada con desdén, como expresión de ilegitimidad.

Una ironía que los opositores sean calificados como traidores a la patria, al tiempo que el gobierno se ve obligado a hacer concesiones impensables al imperio norteamericano, las cuales representan sometimiento y una flagrante violación a la soberanía nacional. México, potencia media y proveedor estratégico de la industria y el consumo en Estados Unidos, decidió ser platillo en lugar de arriesgarse a ser comensal, en palabras del primer ministro canadiense, Mark Carney. No menos compleja la situación del régimen político, por su connivencia con el crimen organizado.

Muchas son las aristas de la reforma política, porque no existe claridad sobre el escenario nacional en el que se desarrollarán los comicios. La presidenta puede estar segura y complacida con la evaluación que hacen de ella los estudios de opinión; sin embargo, en esas mismas encuestas hay una reprobación contundente al quehacer de su gobierno. Además, las elecciones locales concurrentes plantean escenarios de competencia inciertos y, en no pocos lugares, adversos.

Es muy probable que la presidenta se visualice a sí misma como la gran triunfadora de los comicios intermedios y que la devoción de los votantes hacia su persona signifique triunfos en plazas opositoras como Chihuahua y Nuevo León. Tal pretensión era propia de López Obrador y su megalomanía, no así de Sheinbaum, con un mayor sentido de sí misma, salvo que todavía no conozcamos quién es y que los buenos y comedidos modos encubran una personalidad bajo el síndrome de hubris. Para reflexionar al respecto, la propuesta de cambiar la fecha de la consulta vino de Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los legisladores más próximos a la presidenta, bajo el inaceptable e inverosímil argumento del necesario cambio para ahorrar gasto electoral. Para efectos prácticos y de conformación de un nuevo cuadro político, la elección intermedia será crucial para la presidenta Sheinbaum y del obradorismo. Se eligen prácticamente todos los alcaldes, 17 gobernadores, diputados locales y diputados federales en el marco de una disminución relevante del gasto electoral. Por si fuera poco, se designará a la otra mitad de los juzgadores y, en su caso, se desahogará la consulta para una revocación de mandato que nadie pide ni pretende. No son sólo votos y cargos, también, una manera de ejercer el poder.