Nada personal | Puebla: dos maneras de procurar la justicia

El 23 de diciembre del 2025 queda marcado por los contrastes en materia de impartición de justicia por dos resoluciones judiciales que están en el centro de la atención pública.

Este martes quedará marcado por la resolución del Poder Judicial que encontró culpable al político de origen chiapaneco, Javier López Zavala, como autor intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez.

También hace historia la determinación de un juez de control para vincular a proceso al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, por el presunto lavado de dinero con recursos de supuesta procedencia ilícita en el pago de honorarios de su abogado.

Una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado llena de irregularidades, y un proceder parcial del juez para afectar al director del periódico digital E-Consulta, ha dicho el propio comunicador.

En el primer caso, del feminicidio de Cecilia Monzón, es un hecho inédito con relación a la implicación de un destacado político, excandidato a gobernador por el PRI en 2010, parte de un grupo político fundado por Mario Marín Torres, que recuperó el poder en 2024 como parte de Morena, en el proyecto de la 4T.

Expriista y colaborador en las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a la gubernatura del también morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, el político fue aprehendido, al igual que tres cómplices, por el asesinato el 21 de mayo de 2022 de Cecilia Monzón, su expareja y madre de su hijo.

Tres años después, posterior a un juicio bajo la sospecha de contar con privilegios el presunto homicida, la familia de la víctima dio la batalla jurídica y mediática para que se juzgara al culpable con perspectiva de género, y sin ninguna ventaja o favoritismo.

Helena Monzón, hermana de la víctima, se ha convertido en la vocera de la familia, con el apoyo de colectivos de mujeres, para exigir justicia e imponerle la pena máxima de 60 años al político feminicida.

Con este caso que atrajo la atención de la opinión pública local y nacional, por tratarse de un político destacado, generó resoluciones judiciales y reformas a los códigos penal, civil y familiar para que los feminicidas perdieran la patria potestad en la custodia de los hijos, como ocurrió con el caso del hijo que procrearon López Zavala y Monzón Pérez.

El político de origen chiapaneco ciudadanizado poblano, y que aspiró a ser gobernador del estado, Javier López Zavala, fue declarado culpable del delito de feminicidio, al igual que los autores materiales, Jair N. y Silvestre N.

En la segunda etapa del proceso judicial, conocida como individualización de la pena, un juez analizará diversos factores como el grado de participación de cada acusado y las circunstancias del crimen para emitir la sentencia de los años de prisión a cada uno.

Helena Monzón reconoció que la justicia poblana aplicó la perspectiva de género y reconoció el acompañamiento de colectivas feministas para que se hiciera justicia, y demanda la pena máxima contra el político feminicida.

Falta por conocerse los criterios que utilice el juez para dictar la sentencia contra los culpables del delito de feminicidio, porque no siempre actúan con imparcialidad, como ocurrió con el caso del director del periódico digital E-Consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez.

Una víctima más del barbosismo, de la persecución contra los periodistas, alentado el difunto por personajes oscuros como Verónica Vélez Macuil, otrora directora de Comunicación del gobierno estatal, emprendió la represión y hostigamiento.

Post mortem, Miguel Barbosa dejó un caminito en el ejercicio del poder en la era de la 4T para judicializar el ejercicio del periodismo independiente y crítico en el estado.

El caso particular de la actuación del juez para vincular a proceso al periodista Rodolfo Ruiz, es una aberración jurídica y exceso en el ejercicio del poder, con el recurso del viejo régimen priista de inventar delitos, práctica que no es propia de regímenes democráticos.

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