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“México: cuando el poder se confunde con capacidad”

Segunda parte. En México, hablar de caquistocracia no debería convertirse en un ejercicio de señalar partidos, gobiernos o personas. El concepto resulta más útil si lo utilizamos como una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando la capacidad deja de ser el principal criterio para ejercer una responsabilidad pública? Nuestro país tiene un problema que no comenzó con una administración ni pertenece exclusivamente a una corriente política. La historia mexicana muestra que, en distintos momentos y niveles de gobierno, la cercanía política, la lealtad personal y los intereses particulares han convivido con la asignación de responsabilidades públicas.

Y aquí está una de las contradicciones: México cuenta con normas e instituciones diseñadas precisamente para limitar esas prácticas. El Servicio Profesional de Carrera fue creado para que determinados puestos de la Administración Pública Federal se ocupen mediante mecanismos basados en competencia, mérito e igualdad de oportunidades. La propia normativa establece procedimientos de selección y evaluación de conocimientos, habilidades y aptitudes. Sin embargo, tener una norma no garantiza, por sí mismo, una administración profesional. El verdadero desafío está en lograr que esos principios se conviertan en una práctica permanente. Porque un Estado moderno no puede depender únicamente de la voluntad de quien gobierna. Necesita instituciones que conserven conocimiento, experiencia y memoria administrativa aun cuando cambien los gobiernos.

Cuando cada administración sustituye experiencia por lealtades, el Estado pierde algo que no aparece fácilmente en una nómina: memoria institucional. Un funcionario experimentado conoce procedimientos, identifica riesgos, comprende los antecedentes de una política pública y sabe dónde pueden aparecer los problemas. Cuando ese conocimiento desaparece de manera indiscriminada, la administración puede comenzar nuevamente desde cero. Pero existe otra dimensión todavía más delicada: el nepotismo y el conflicto de intereses.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica expresamente el nepotismo y sanciona conductas relacionadas con la selección o designación de personas en el servicio público cuando existen determinados intereses indebidos. También contempla figuras como tráfico de influencias y contratación indebida. Esto demuestra algo fundamental: el problema no es solamente ético o político. También es jurídico. Por eso, cuando hablamos de caquistocracia en México, debemos mirar más allá de los nombres y observar los mecanismos. ¿Cómo se selecciona a quienes ocupan los cargos? 

¿Se evalúan realmente sus conocimientos? ¿Existen concursos transparentes? ¿Se respetan los perfiles profesionales? ¿Se evalúan resultados? ¿Se sancionan los conflictos de interés? ¿Se conserva al personal técnicamente competente cuando cambia el gobierno? Son preguntas incómodas, pero necesarias.

La propia experiencia mexicana con la profesionalización del servicio público ha mostrado dificultades. La OCDE ha señalado históricamente que un servicio público estable, profesional y basado en méritos contribuye a la eficacia gubernamental y permite conservar experiencia frente a las influencias políticas. Y hay un punto que tampoco debemos ignorar: la caquistocracia no necesariamente comienza con personas incapaces; puede comenzar cuando una institución deja de exigir capacidades. Ese cambio puede parecer pequeño. Primero se tolera un perfil que no corresponde al puesto. Después se normaliza que la cercanía pese más que la experiencia. Finalmente, la excepción termina convirtiéndose en regla. Y cuando eso ocurre, las consecuencias las paga la ciudadanía.

Las decisiones equivocadas no se quedan en las oficinas gubernamentales. Pueden traducirse en servicios deficientes, recursos desperdiciados, políticas mal diseñadas, obras inconclusas o instituciones incapaces de responder oportunamente a los problemas sociales. México no necesita funcionarios que sepan simplemente obedecer. Necesita servidores públicos capaces de pensar, resolver, prevenir, rendir cuentas y asumir responsabilidades. La lealtad política puede explicar una relación partidista; no debería sustituir la competencia profesional cuando está en juego el interés público.

En conclusión, el desafío mexicano no consiste únicamente en cambiar a quienes gobiernan, sino en fortalecer las reglas e instituciones que determinan cómo se gobierna. La democracia necesita elecciones; el Estado necesita instituciones; y la ciudadanía necesita servidores públicos preparados para responder a problemas cada vez más complejos. Hablar de caquistocracia en México debe servir, entonces, no para etiquetar gobiernos, sino para defender una exigencia sencilla: que el poder público esté acompañado de capacidad, ética, conocimiento y rendición de cuentas. Porque los cargos públicos pertenecen temporalmente a quienes los ejercen, pero sus consecuencias permanecen en la sociedad.

“La capacidad también es responsabilidad pública”.

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