Nada personal: Deuda y basura, negociación silenciosa gobierno e IP

Uno de los elementos de la negociación del gobierno con los accionistas de la empresa tenedora del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, es el acopio de basura.

Desde el sexenio morenovallista la empresa Resa (Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V)del extinto José Abed, recibió la oferta de concesionarle dos nuevos rellenos sanitarios regionales para atender la demanda por el agotamiento de centros de acopio municipales.

Pero en ese proceso no solo de les aparecieron los gobiernos morenistas en el estado, y desde la administración del extinto Luis Miguel Barbosa plantearon la ocurrencia “científica” de la “economía circular” para el procesamiento de la basura, con una recicladora.

Esa iniciativa vio la luz con el gobierno del Claudia Sheimbaum quien anunció junto con el gobernador la instalación de una empresa recicladora en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa, sin que resuelva el problema de fondo con respecto al destino de los desechos orgánicos.

Una propuesta similar de instalar una empresa recicladora de basura en Puebla, similar a la instalarán en Ciudad Modelo, se implementó en el municipio de Cholula, donde el resultado fue limitado para el procesamiento, uso y destino de desechos orgánicos que superó la alternativa académica de las compostas, porque fracasó.

Adicionalmente, esa empresa recicladora de basura que se instaló en San Pedro Cholula no solucionó la capacidad de captación de desechos en el relleno sanitario de esa región.

Pero hay más. A pesar de utilizarse recursos financieros del estado y federación para la instalación de la empresa recicladora, finalmente fue un subsecretario federal de la Semarnat quien explicable o inexplicablemente convirtió la recicladora en un negocio privado.

¿Y qué relación tiene la renegociación del contrato del CIS con la promesa de los dos rellenos sanitarios regionales y la operación del conocido basurero Chiltepeque?, la primera respuesta es que se trata del holding del corporativo de la familia Abed: Resa, Apycsa y Grupo Técnico Constructor.

La primera información extraoficial de las negociaciones de la firma corporativa con el gobierno local es el jaloneo de la toma y daca en la renegociación de la deuda del CIS, como un negocio global de los intereses privados de las empresas con el sector público.

Se ha complicado la negociación porque son seis cabezas propietarias de las acciones del corporativo y piensan diferente en los temas de los negocios de las empresas relacionadas con el gobierno.

En este contexto, de pronto aparecen activistas presuntamente ambientalistas denunciando presuntas anomalías y contaminación con daños a la salud ocasionados por el relleno sanitario de Chiltepeque.

Y mire que desde el visionario empresario José Abed en vida realizó buenos negocios con los gobiernos del pasado y los actuales de la 4T, todos exitosos, los últimos con la entonces jefa de gobierno Claudia Sheimbaum y el entonces presidente AMLO, tanto en los proyectos de las líneas de Cablebús en Ciudad de México, como con el Tren Insurgente Toluca-CdMx.

Con esos antecedentes, y a pesar de tratarse solo de los primeras negociaciones de la deuda gubernamental con el CIS de Angelópolis, hubo quienes en el gobierno local lo daban por hecho y pretendía disponer de los terrenos -como parte de la negociación- para construir una pista de arrancones de autos, en un predio adyacente al autódromo de Amozoc.

El contrato del CIS fue otorgado en 2013 a Alfa Proveedores y Contratistas de Puebla (Apycsa) y Grupo Técnico Constructor, empresas vinculadas a la familia Abed Rouanett.

La construcción del CIS tuvo un costo cercano a los mil 500 millones de pesos. Sin embargo, al sumar intereses, operación y mantenimiento durante el plazo contractual, el monto total proyectado del esquema PPS superó los 5 mil 200 millones de pesos.

La propuesta del gobierno consiste en liquidar la deuda con un monto que oscila entre los 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos. Con ello, se cerraría el contrato sin extender la carga financiera hasta 2037. (puebla.quadratín.com.mx)

La negociación está en “pausa”, ante la advertencia de una declaración de moratoria de pagos del gobierno o litigarlo en tribunales hasta la llegar al pleno de la Suprema Corte (SCJN), urge una tercera vía de acuerdo,

Un arbitraje presidencial podría destrabar la negociación donde ninguna de las partes quiere perder.

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