Nada Personal

06 de agosto de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Congreso local, un lastre por las leyes y frivolidades

Cero y van dos. La ley casco y la ley ciberasedio, aprobadas respectivamente el 13 y 18 de junio de 2025 en el Congreso del Estado, deja saldos negativos, a más de un año.

Y es que la actual Legislatura, bajo las presidencias de la diputada (con licencia) Laura Artemisa García Chávez y la actual de Pavel Gaspar Ramírez, no es asertiva.

En el terreno jurídico y político, la mayoría legislativa de Morena y partidos satélites no dan una, y a las consecuencias les hace frente el Poder Ejecutivo ante la inconformidad social.

El diálogo del gobierno con los bikers para canalizar sus reclamos por las deficiencias de los chips y hologramas abre las puertas a la revisión de la ley vigente, porque para su aprobación omitieron las mesas de consultas a los propietarios de los vehículos de dos ruedas.

Es el mundo al revés: primero legislan y luego consultan, práctica resultado de un mal cálculo político de los legisladores que redactan y reforman leyes sin considerar a la población o creer falsamente que tienen el respaldo.

Fueron los diputados y diputadas quienes se cerraron a escuchar a los motociclistas respecto a la justificación de imponerles hologramas y chips a los cascos de protección, con el argumento de que disminuiría los delitos cometidos con el uso de motocicletas.

A un año de promulgada la llamada ley casco, los índices delictivos no disminuyeron, y el robo de motocicletas se incrementó, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Impuesta la ley casco, tampoco el gobierno cumplió con la calidad en los hologramas y chips, ante incumplimientos de la Secretaría de Transporte y Movilidad (STM), lo que radicalizó la postura de los motoristas.

Fue lo que realmente motivó se incrementaran las protestas de rechazo a la ley mediante caravanas y bloqueos viales, como el montado el martes 4 de agosto frente a la sede del Congreso y en la vía Atlixcáyotl, donde se ubica el despacho del titular del Poder Ejecutivo.

Pausar la aplicación de la Ley Casco e instalar mesas de diálogo para hacer llegar al Congreso una eventual reforma, y no precisamente derogarla, es un paso importante a favor del consenso social.

Es finalmente el Congreso del Estado el causante de la inconformidad social, en la medida que la formulación de leyes se elabora bajo hipótesis falsas, como el concluir que con la Ley Casco disminuiría la comisión de delitos como los asaltos y homicidios, lo que no ocurre a un año de la aprobación.

El Poder Legislativo no solo no aprendió con el revés mediante recursos de amparos y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó abajo la mal llamada “ley ciberasedio”, sino que se negó a la derogación del artículo 480 del código penal.

La SCJN invalidó y anuló en abril de 2026 el artículo del Código Penal local referente al "ciberasedio" por considerarlo ambiguo y un riesgo para la libertad de expresión.

Para el régimen de la 4T, el Congreso del Estado se ha convertido en un lastre para el Poder Ejecutivo, porque finalmente es improductivo y con actividades llenas de frivolidades con exhortaciones e iniciativas intrascendentes para el estado.

Es justamente el Congreso del Estado el centro de atención de la opinión pública, porque esa frivolidad en la asamblea popular de los poblanos es caldo de cultivo hasta para escándalos como los protagonizados por las diputadas Graciela Palomares y Nalleli Salvatori.

Esta crisis generada por el Congreso del Estado, pero atendida por el gobierno, abre la ventana a un golpe de timón en la conducción de la actual Legislatura, porque la presidencia de Pavel Gaspar pasa con más pena que gloria, causante de las protestas sociales.