Al margen del Estado

¿El Estado se vigila solo?

Cuando desapareció el INAI, se nos explicó que la transparencia no desaparecería con él. Simplemente cambiaría de estructura… y sí cambió. Pero quedó dentro del mismo aparato gubernamental al que, en buena medida, debía vigilar.

El asunto volvió a cobrar relevancia esta semana. El pasado 4 de agosto se publicó un decreto mediante el cual el Ejecutivo federal ordenó ampliar las obligaciones de transparencia de la Administración Pública Federal. Entre otras cuestiones, los contratos gubernamentales deberán actualizarse mensualmente. Por ejemplo, Pemex, CFE y sus filiales tendrán que publicar más información financiera, contractual y corporativa —algo nada menor mientras siguen apareciendo escándalos relacionados con el huachicol fiscal —; y la Secretaría Anticorrupción deberá divulgar programas de auditoría, estadísticas, observaciones pendientes y datos sobre los despachos externos que revisan el gasto público.

No me lo tomen a mal, en realidad resulta difícil oponerse a que conozcamos antes los contratos públicos, a que las empresas estatales informen con mayor detalle sobre sus operaciones o a que podamos consultar qué se audita, quién lo audita y qué ocurre después con las irregularidades detectadas. Es, en gran medida, una respuesta a las peticiones de más publicidad, menos reservas genéricas y mayor trazabilidad sobre el uso de los recursos públicos.

Pero debe de haber un “pero”, ¿verdad? Bueno… el detalle está en que la transparencia nunca dependió de cuántos archivos decide publicar voluntariamente el Gobierno.

Pongámoslo así: una dependencia puede subir contratos, informes y miles de páginas a una plataforma y seguir reservando precisamente aquello que alguien desea conocer. La verdadera transparencia comienza cuando el ciudadano solicita un expediente incómodo, una investigación interna, los antecedentes de una contratación cuestionable o la información que explica por qué se tomó determinada decisión. Precisamente ese es el punto en el que empieza a importar la existencia de una autoridad capaz de ordenar la entrega.

Antes, al menos formalmente, ese problema terminaba frente a un organismo constitucionalmente autónomo, que, además, terminó desapareciendo con una facilidad bastante mayor a la que merecía el tema: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Hoy las funciones federales de garantía se encuentran dentro de la propia Administración Pública. Entonces el Estado produce la información, decide inicialmente si la entrega, establece las reglas de publicación y participa también en la resolución de las inconformidades cuando alguna de sus dependencias se niega a proporcionarla.

Es cierto que el decreto ordena privilegiar versiones públicas, restringir las reservas y publicar información con mayor frecuencia. Son medidas útiles, hasta cierto punto. Pero no festejemos. Tampoco conviene confundir una ampliación de obligaciones administrativas con la reconstrucción de un contrapeso institucional.

Sí, el INAI podía ser lento, costoso y considerablemente burocrático. Sin embargo, su sentido no radicaba en que administrara mejor una plataforma, sino en que existiera cierta distancia entre quien ocultaba la información y quien debía decidir si podía seguir ocultándola. Precisamente para eso sirven —o servían— los organismos constitucionales autónomos, para introducir una distancia incómoda. Para estorbarle un poco al poder, pues.

Pero esa distancia ya no existe en los mismos términos. Ahora estamos pecando de optimistas, apelando a la buena voluntad del gobierno para que publique correctamente, clasifique prudentemente, limite sus reservas, supervise a sus dependencias y sancione a quienes incumplan. Todo ello sin necesidad de que una institución externa le recuerde cuándo debe abrir un expediente que preferiría mantener cerrado.

Así pues, la prueba real llegará, como siempre, con la información que resulte políticamente incómoda. Porque la transparencia no se demuestra cuando el poder entrega de buena gana aquello que ya pensaba publicar, sino cuando alguien puede obligarlo a revelar lo que no quería mostrar.

Sí, el decreto promete que el Gobierno será más transparente. La pregunta es quién determinará si cumplió. Por ahora, parece que el Estado se vigilará solo. Y, para evitar cualquier suspicacia, también será el encargado de informarnos qué tan bien lo está haciendo.

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