Nada Personal

22 de mayo de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Antídoto Sheinbaum contra narco candidatos en 2027

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está en condiciones de revisar las cuentas bancarias de servidores y servidoras públicas y legisladores para seguir la ruta del dinero en gastos dispendiosos en busca de un cargo de elección popular.

Secretarías del gobierno del estado como la de Anticorrupción y Buen Gobierno cuenta con instrumento jurídicos para rastrear el gasto millonario de servidoras y servidores públicos en el uso de los cargos, sueldos, vehículos oficiales, recursos materiales y humanos.

Como ocurren en los delitos del fueron común y federal, en Puebla se ha normalizado el gasto millonario en redes sociales, en pintar bardas, publicaciones impresas, la promoción de medios tradicionales de comunicación y digitales.

Lo mismo ocurre con la simulación de presuntas entrevistas periodísticas, así como cualquier cantidad de regalos como despensas y artículos promocionales como ocurrió durante el desfile del 5 de Mayo.

De no acreditarse la capacidad de pago de los millones de pesos en publicidad política de acuerdo con sus ingresos como funcionarias y funcionarios públicos, en teoría podrían estar incurriendo en el delito de desvío de recursos públicos.

En la investigación de la ruta del financiamiento de sus campañas promocionales, dos vertientes deberán seguir la UIF: reciben recursos millonarios por “lavado de dinero” de recursos públicos o privados, o bien, de origen ilícito relacionado con la delincuencia organizada, incluidos los cárteles del narcotráfico.

Por esta razón, adquiere relevancia la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheimbaum al Congreso de la Unión que busca prevenir que personas con vínculos con la delincuencia organizada puedan ser candidatas o candidatos en las elecciones de 2027.

“Hemos vivido algunos casos de vínculos entre algunas presidencias municipales y el crimen organizado; algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales, se encontró que estaban involucrados con la delincuencia”, alertó la jefa del Ejecutivo federal.

En este contexto, y de aprobarse esta reforma la próxima semana, el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con las fiscales de los estados y la Genera de la República, revisará el origen del dispendio millonario en la promoción con fines electorales.

Esta investigación judicial determinará la presunción de un riesgo de una candidatura y que los partidos políticos definan si postulan o no las personas bajo la sospecha de recibir financiamiento de origen lícito y sean potenciales narcocandidatos.

Con toda seguridad las señoras funcionarias estatales como Laura Artemisa García Chávez, Gabriela Sánchez Saavedra y Celina Peña Guzmán, de Morena, han vendidos vehículos y bienes inmuebles para financiar una promoción millonaria, y seguro tienen las respectivas facturas de los gastos con sus proveedores.

Con base en la iniciativa de reforma presidencial, ellas o cualquier otro u otra, deberán comprobar que el dinero es de origen lícito y no producto del blanqueo de dinero ni vinculado con el crimen organizado.

Deberán hacer lo propio el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Rafael Moreno Valle Buitron; y los diputados federales Juan Antonio González Hernández, también morenista, y Genoveva Huerta, del PAN, así como la dirigente estatal de oficialista Olga Lucia Romero Garcí-Crespo o Mónica Caballero Garci-Crespo, por mencionar a los más activos, pero son más.

En esta coyuntura se ha perdido la decencia y ética política: en una reunión violatoria a la legislación electoral, en una impune y abierta campaña adelantada, el líder estatal de la CTM (expriista converso a la “izquierda” con Morena), Leobardo Soto Martínez, levantó la mano a la secretaria del Bienestar como la abanderada a la alcaldía poblana.

Por ahora, la iniciativa de reforma enviada por la Presidencia tiene muchas verdades a medias, alcances limitados y una enmienda legislativa cosmética, de fachada.Es una propuesta de reformas a las leyes con trampas porque la 4T y el Partido-Estado tienen el control de las Fiscalías de Justicia, de jueces y magistrados en estados y la federación, así como del INE, el IEE y del TEPJF. Están bien blindados.