Nada personal

04 de mayo de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Morena, afianza Partido-Estado; no rompe pacto

El movimiento obradorista de la 4T y el Partido-Estado Morena, superaron al PRI en todo, a una velocidad vertiginosa.

Han consolidado un régimen político de línea dura a lo Maduro-chavista, a la cubano-fidelista, a lo Nica-orteguistas, a lo coreano-Kim Jong-un, a lo ruso-Putin: dueños del Estado.

Ese imperio de poder político le llevo al PRI, padre biológico de Morena, más de 80 años, que terminó en la decadencia y la pérdida del poder en el año 2000.

El movimiento obradorista fundador de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación se alió con el diablo: el poder de las balas del crimen organizado.

Morena y sus partidos aliados construyeron un imperio de la mano de la corrupción al asociarse con cárteles mexicanos para apoderarse de las instituciones del Estado.

No hay manera de que el brazo de la justicia los alcance porque tienen el control de las Fiscalías generales de justicia, de los jueces federales y ministros de la Corte, porque son de Morena.

La FGR, por ejemplo, exoneró a Rocha Moya y al resto de denunciados, y se dirigió a la base social de Morena, de la población beneficiada con el dinero de Bienestar, para alimentar la narrativa de envolverse en la bandera para defender la soberanía nacional.

Convocan a los morenistas contra la injerencia externa que se atreve a tocar la corrupción de narcos y políticos que trafican drogas y armas a la Unión Americana. Cómo se atreven los gringos si para eso gobierna la 4T, son sus narco-políticos sin ningún antecedente penal.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició la vinculación con cárteles como el de Sinaloa con el financiamiento de las campañas presidenciales y en los estados, en aquel 2018.

Para el 2021, en las elecciones intermedias, el crimen organizado apareció de manera abierta en la elección de gobernador en Sinaloa donde el grupo delictivo Los Chapitos hizo gobernador a Rubén Rocha Moya, con el visto bueno de López Obrador.

Esa asociación no lo vino a descubrir el presidente de EU Donald Trump, ni es un invento de los departamentos de Estado y de Justicia del vecino país del norte; es la realidad lacerante que padecen los sinaloenses y el resto de los mexicanos de terror y amenazas de muerte.

En Sinaloa y otros estados como Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Sonora, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo aplicaron la misma fórmula de la asociación de la política con grupos de narcotraficantes.

La delincuencia organizada gozó durante la administración de López Obrador todas las ventajas y garantías de protección presidencial con el mensaje universal de permisibilidad de asociación con los abrazos y no los balazos.

Sólo así se puede entender el mensaje presidencial de la 4T con AMLO de haber acabado con huachicol, cuando en realidad fue una cortina de humo para encubrir la corrupción institucionalizada con el huachicol fiscal, para oficializar la narcopolítica.

La corrupción en el gobierno de López Obrador para favorecer a la delincuencia transnacional pasó por involucrar a los altos mandos castrenses de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y gobernadores, para cometer el escandaloso atraco al fisco.

Con esa estrategia delictiva de asociación del gobierno con la delincuencia floreció el contrabando de combustible y retornarlo para blanquear miles de millones de pesos, dinero que sirvió para corromper y financiar campañas electorales en Tamaulipas.

El discurso de Ariadna Montiel como relevo en la dirigencia nacional de Morena, es la continuidad de la alianza del Partido-Estado con la delincuencia, la narcopolítica, ahora con una estrategia territorial y de organización para los comicios de 2027, para dispersar los recursos del Programa Bienestar, mezclados con dinero caliente.