Cohesión Social
La huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad entró al onceavo mes, acorralada por una política patronal del presunto gobierno de izquierda.
Es inaudito para la historia del sindicalismo mexicano que un conflicto laboral por el reclamo sindical de violaciones al contrato colectivo, por la revisión salarial y contra la supresión de funciones de plazas de base, termine en la Corte de Justicia.
El máximo tribunal está por decidir si atrae el caso de la huelga, de casi un año en las 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad.
El litigio no se relaciona a la controversia por el pliego de demandas laborales, sino porque la parte patronal recurrió a la solicitud de inexistencia de la huelga.
Fue la estrategia jurídica dilatoria de la parte patronal la que prolongó los meses de huelga, mediante diversas argucias legaloides para desfondar los reclamos sindicales.
La patronal se escudó en la solicitud de la declaratoria de inexistencia para no atender las demandas de fondo derivadas de las relaciones contractuales, abocándose a impugnar la legalidad de la huelga.
Enfrascados en la legalidad del derecho constitucional de la huelga, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que encabeza Arturo Zayún, solicitó a la Suprema Corte la intervención para legitimar el derecho a la huelga.
Estos recursos promovido por el sindicato se presentaron posterior a la ratificación de los sindicalizados al estallamiento de huelga, mediante votación en febrero pasado, al obtener la mayoría de los votos en el recuento ordenado por la autoridad laboral federal.
Pero como ha ocurrido en la historia del sindicalismo, surgen grupos pro patronales para desempeñar el papel de esquiroles, y han demandado se levante de inmediato el “paro” (huelga) y se “reanuden labores”.
Se trata mal llamado Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP) que el lunes 24, un grupo de unas 10 personas, se manifestaron el exterior de la sede la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Exigieron a los ministros regresar al tribunal colegiado la decisión de un juez de distrito en materia administrativa que declaró la inexistencia de la huelga en NMP, recurso que fue derrotado en las urnas con la votación mayoritaria de los huelguistas.
El hecho adquiere relevancia porque hay una postura desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno de la 4T, encabezada por Marath Baruch Bolaños López, protegido de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, de asfixiar la prolongada huelga.
Llama la atención que el abogado patrono del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad es el experimentado laborista Arturo Alcalde Justiniani, padre de la extitular de la STPS, Luis María Alcalde Luján, actual asesora jurídica de la Presidencia de la República.
Los ministros de la Corte aplazaron su decisión de atraer el caso de la huelga en NMP, un recursos promovido por el sindicato en huelga liderado por Arturo Zayún, ante la embestida de la parte patronal de desconocer la huelga para no atender las exigencia laborales.
En una huelga anterior de casi cinco meses, el conflicto se resolvió mediante un arbitraje independiente que corrió a cargo del entonces Departamento de Gobierno de la CdMx encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero un arbitraje se desechó en esta huelga.
A diferencia del papel mediador del Ingeniero Cárdenas, en la huelga pasada, el gobierno de la 4T a través de la STPS ha mantenido una postura contra los trabajadores.
Sin embargo, los sindicalizados han resistido a la embestida y están por cumplir un año con las banderas rojinegras en las 300 sucursales.
El caso de la huelga en NMP es de las pocas expresiones del sindicalismo digno, acosado por una política antisindicalista de un presunto gobierno de izquierda, y seguramente les darán la razón los ministros de la SCJN.