Ilegalidades e ilegitimidad del Cablebús en Puebla

15 de julio de 2026

5:20

Por Alejandro Guillén Reyes

En Puebla, la construcción del Cablebús ya no se perfila como una alternativa para solucionar el problema del transporte público en la capital, sino que se está convirtiendo, en sí misma, en un problema tanto para el gobierno como para la población.

El gobierno del estado —con la complacencia del actual ayuntamiento de la capital poblana— sigue utilizando todos los medios a su alcance para intentar convencer a la ciudadanía de las bondades del llamado "Sistema de Transporte por Cable"; sin embargo, con cada acción que implementa para este fin, debilita aún más la credibilidad de su propuesta.

Esto se traduce en un déficit de legitimidad de la decisión que el gobierno estatal viene arrastrando desde que dio a conocer su intención de construir el Cablebús: no sustentó con la solidez técnica y jurídica necesaria un gasto de 7 mil millones de pesos, ni garantizó la transparencia indispensable para un proyecto que puede trastocar la vida diaria de una ciudad que presume ante el mundo su título de Patrimonio Cultural de la Humanidad y que, en otros tiempos, fue llamada el "Relicario de América".

Como se comentó en su momento, primero pusieron en marcha la construcción del Cablebús y después se dedicaron a "averiguar" qué leyes, reglamentos y procedimientos debieron haber cumplido antes de colocar la “primera piedra”, lo cual ya es en sí una feria de ilegalidades.

Las muestras más recientes de ello son la consulta pública del "Anteproyecto de Modificación Parcial de la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla" (abierta por el Ayuntamiento de Puebla) y la entrega de un "Informe de Proyecto" al Congreso del Estado (firmada por el coordinador de asesores del gobierno de Puebla). Ambos documentos son, para variar, objeto de severos cuestionamientos por parte de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Respecto al primero, la Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla, a través de su directora Assenet Lavalle, señala una serie de contradicciones en el documento que sustenta la consulta, cuestionando el cumplimiento de la reglamentación vigente y del debido proceso para justificar la legalidad de la obra (ver detalles en https://mundonuestro.mx/content/2026-07-08/comentarios-al-documento-modificacion-parcial-a-la-actualizacion-del-pmdus-de-puebla-assenet-lavalle/)

En cuanto al "informe del proyecto", el periodista Rodolfo Ruiz expuso en su cuenta de X una serie de inconsistencias, incoherencias e incluso faltas de ortografía —inaceptables para un documento oficial— que evidencian un trabajo descuidado (Ver en https://x.com/periodistasoy/status/2076887526447448509)

Independientemente de los cargos y salarios de quienes lo redactaron, el texto deja mucho que desear para ser la herramienta con la que se pretende convencer de las bondades del malogrado Cablebús a toda la ciudadanía, desde expertos en la materia hasta ciudadanos simplemente interesados en el tema

Por supuesto, estas pifias no pasan desapercibidas, y menos cuando el rechazo ciudadano al proyecto va en aumento.

Si la intención de los gobiernos municipal y estatal con estos documentos era dotar de legalidad y, sobre todo, de legitimidad al Cablebús, lo único que están logrando es ensanchar la brecha entre la consigna oficial y la aceptación de la gente.

Teniendo como antecedente la encuesta presentada por la UPAEP sobre el tema, los resultados de un sondeo dado a conocer recientemente por organizaciones de la sociedad civil confirman que los recursos y medios utilizados por el gobierno de Puebla para promocionar el proyecto se han ido directamente a la basura: un abrumador 89% de los participantes lo rechaza (Ver en https://puebla.quadratin.com.mx/politica/agenda-ciudadana-89-de-818-poblanos-rechaza-el-proyecto-del-cablebus/)

Si se trata de una necedad política, al gobierno de Puebla solo le quedará imponer el proyecto del Cablebús a la fuerza ("por sus pistolas"), lo que dejará serias dudas sobre la transparencia y la honestidad del proceso (hablamos de 7 mil millones de pesos sin justificación real) y tirará por la borda parte del capital político obtenido en las urnas. Las elecciones son el próximo año. Ya veremos.