Fiscalización para el desarrollo

El 28 de enero se celebró el Acto de Transferencia de Mando de la Presidencia de la OLACEFS ––el espacio por definición para la cooperación entre las entidades de fiscalización de la región––. La Contraloría General de Paraguay a cargo del contralor Camilo Benítez concluyó su período y lo asumió el Tribunal de Cuentas de la Unión correspondiente a Brasil, cuyo presidente es el Ministro Vital Do Rego. Ahora, la organización debe continuar el trabajo institucional sobre la idea compartida de que la cooperación regional en materia de fiscalización representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza en América Latina.

Como Secretario Ejecutivo de la OLACEFS tuve el honor de tomar la protesta al nuevo Presidente de la misma, cuyo periodo es por 3 años.

La OLACEFS, como organismo multilateral, ha demostrado en su trabajo permanente que la cooperación ––en lo que se refiere a la fiscalización–– genera valor público significativo, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de recursos públicos. Actualmente, como lo mencioné en un texto previo en este mismo espacio, en un contexto de crisis múltiples —desde pandemias, nuevos equilibrios geopolíticos, hasta el cambio climático—, la integración regional al tiempo de que optimiza las capacidades técnicas de las EFS también contribuye a la resiliencia democrática y al desarrollo sostenible.

El trabajo reciente y conjunto de las EFS desde la OLACEFS demuestra el potencial transformador de la cooperación para la fiscalización. Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar las EFS a entornos tecnológicos altamente dinámicos, permitiendo auditorías más eficientes, coordinadas y compartidas en el ámbito regional.

Otro argumento clave proviene de la promoción de la participación ciudadana. Es evidente que la sociedad civil, representada en los congresos locales, fortalece lo anterior. En esencia, estos trabajos demuestran que la cooperación regional ––entre las propias y la suma de otros actores del sector social–– multiplican el valor público de la fiscalización, lo que en el trabajo en la ASF que encabezo nos ha permitido no solo ampliar la cobertura de fiscalización  con los entes auditados al optimizar recursos limitados, compartir buenas prácticas y abordar problemas transnacionales.

Con este panorama, las experiencias con resultados positivos representan una oportunidad invaluable, ya que permiten aprovechar las experiencias acumuladas. Iniciativas no solo tecnológicas sino las vinculadas con la participación ciudadana y el incremento de la cobertura.

Asimismo, es imperativo profundizar las relaciones con aliados estratégicos. La colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha sido fructífera en temas como la independencia de las EFS y auditorías coordinadas en preparación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se puede avanzar en marcos anticorrupción, aprovechando el Memorando de Entendimiento entre INTOSAI y UNODC para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Finalmente, la asociación con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) ha probado su eficacia en proyectos ambientales, y su expansión podría abarcar mayores espacios para la fiscalización basada en la capacitación de los entes. Estas alianzas amplifican el alcance de la fiscalización, y amplia nuestra cobertura fiscalizadora.

En todo este proceso, ante el rol de la ASF ––en funciones de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS–– respaldamos los proyectos de esta gran organización regional que abre la puerta a la posibilidad de mejora continua de nuestras instituciones. Nuestra experiencia así lo demuestra: que la fiscalización sin demagogias asegura

contribución al bienestar público.

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