En-Clave Ciudadana

25 de septiembre de 2026

5:20

Por Elena Lezama Coutiño

“Cuando gobiernan los menos aptos”

Primera parte. Hay palabras que incomodan porque, aunque parezcan lejanas o excesivamente académicas, describen fenómenos que pueden estar más cerca de nuestra realidad de lo que quisiéramos reconocer. Una de ellas es caquistocracia: del griego kakistos, “el peor”, y kratos, “gobierno” o “poder”. Se utiliza para describir una forma de ejercicio del poder en la que quienes ocupan posiciones de decisión carecen de las capacidades, preparación o integridad necesarias para desempeñarlas adecuadamente.

No se trata de afirmar que quien no tenga un determinado título profesional sea incapaz de gobernar. La administración pública también requiere experiencia, sensibilidad social, liderazgo y conocimiento de la realidad. El problema aparece cuando el criterio para ocupar una responsabilidad pública deja de ser la capacidad para cumplirla y comienza a ser la cercanía política, el parentesco, la amistad, la lealtad personal o el intercambio de favores.

Ahí comienza una peligrosa confusión: creer que gobernar consiste solamente en tener poder para decidir, cuando en realidad gobernar implica asumir las consecuencias de esas decisiones.

México cuenta, desde hace años, con mecanismos jurídicos orientados precisamente a evitar que la función pública dependa exclusivamente de la voluntad política. La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establece que el ingreso a la función pública debe sustentarse en el mérito y contempla principios como legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito. Entonces, la pregunta resulta inevitable: ¿qué ocurre cuando la lógica del mérito pierde terreno frente a la lógica de la lealtad?

Las consecuencias no siempre aparecen de inmediato. Pueden comenzar con una decisión administrativa deficiente, continuar con la pérdida de experiencia institucional, convertirse en servicios públicos de menor calidad y terminar afectando directamente a la ciudadanía. Porque cuando se coloca a una persona sin los conocimientos necesarios frente a un problema complejo, no solamente se arriesga la eficiencia de una oficina. Se pueden comprometer recursos públicos, políticas sociales, seguridad, salud, educación, infraestructura y, finalmente, derechos.

También existe otro riesgo: el desprecio por el conocimiento. Una sociedad democrática necesita políticos capaces de escuchar a especialistas, científicos, académicos, técnicos y servidores públicos con experiencia. Consultar a un experto no significa renunciar al poder de decidir; significa reconocer que la realidad tiene una complejidad que ninguna ideología puede sustituir. La caquistocracia, por ello, no debería entenderse únicamente como un problema de nombres o partidos. Puede aparecer en cualquier administración y en cualquier nivel de gobierno cuando los contrapesos son débiles, la evaluación es insuficiente y la sociedad deja de exigir preparación, resultados y rendición de cuentas.

Tampoco debemos confundir experiencia con privilegio ni juventud con incapacidad. El verdadero criterio tendría que ser otro: ¿la persona posee las capacidades necesarias para cumplir la responsabilidad que se le confía? ¿puede demostrar resultados? ¿actúa con integridad? ¿está dispuesta a rendir cuentas? La política necesita vocación, pero la administración pública necesita también conocimiento. Y la ciudadanía tiene derecho a exigir ambas cosas.

En conclusión, una democracia no se fortalece solamente porque existan elecciones. También necesita instituciones capaces, servidores públicos profesionales y ciudadanos dispuestos a observar, cuestionar y exigir resultados. El problema no es que lleguen personas nuevas al gobierno; el problema surge cuando la lealtad sustituye al mérito, el favoritismo desplaza a la capacidad y la improvisación pretende reemplazar al conocimiento. Evitar la caquistocracia no significa buscar gobiernos perfectos. Significa construir instituciones donde ocupar un cargo público implique responsabilidad, preparación, ética y resultados. Porque los cargos públicos no son premios personales: son responsabilidades frente a la sociedad. Nos vemos para la segunda parte.