Diagnóstico político

Instalado en la negación de la realidad, el Gobierno Federal reclasificó el caso del coche bomba en Coahuayana, que explotó en la cercanía de una base de la policía comunitaria, el pasado 7 de diciembre, como un delito de delincuencia organizada y no como un acto de terrorismo. En La Mañanera del 9 de diciembre se informó que la explosión fue de un vehículo ocupado por integrantes de un grupo criminal que ingresaron al lugar (el chofer y copiloto que murieron nunca supieron lo que llevaban y fueron escoltados por otros coches desde Colima), y está ligado a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, por lo que no se trató de un ataque contra autodefensas. De esta manera, se intentó evitar empalmar la narrativa oficial con la de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump catalogó a los principales cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”.

A pesar del esfuerzo en Palacio Nacional, no cambia que *el terrorismo se entiende como un ataque contra la población. El término se refiere con frecuencia a las acciones de grupos independientes de un Estado.

 La evidencia de que así sucedió es que oficialmente hay cinco muertos y siete heridos. Aunque existen otras versiones de que el número de fallecidos aumento a seis. La transparencia y efectividad en las investigaciones sobre este delito es la clave para devolver la tranquilidad.

En el colmo de la mala fortuna, el bombazo agarró a los morenistas en pleno festejo de los siete años en el poder que llevan. Junto a las multitudes de simpatizantes y burócratas que abarrotaron el Zócalo capitalino estuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, confirmando su falta de empatía hacia los michoacanos al decidir quedarse a gritar arengas a favor de la 4t, en vez de regresar de inmediato a la entidad que dice gobernar. Llegó más tarde al lugar de los hechos.

En cambio, en la comunidad Nahua de Santa María Ostula consideraron que los autores de este acto criminal buscan crear terror y dañar el sistema de seguridad comunitaria. Señalaron al CJNG de estar atacándolos en los últimos cinco años, la intención desplazarlos.

En este contexto, los medios de comunicación abordaron la trágica noticia desde sus propios intereses; en el extranjero destacaron que el atentado se dio en pleno proceso de “pacificación” del estado. Mientras que la prensa oficial reconoció la gravedad del asunto, pero intentó disminuir el impacto en el imaginario del colectivo. En sentido contrario, los medios de comunicación opositores al régimen politizaron la tragedia.

 Desde donde se analice, resultó un duro golpe al Plan Michoacán por la Paz y Justicia, implementado por la Presidencia de la República, el cual tendrá una inversión mixta que rebasa los 57 mil millones de pesos.

Es un reto para las autoridades federales que el crimen organizado haya utilizado una logística parecida a lo que pasó en Colombia, en la época del narcotraficante Pablo Escobar.

¿El terrorismo es la única forma que les queda a los criminales como defensa? ¿Es el inicio de una nueva etapa en esta guerra? El tiempo develará las respuestas.

Cabe recordar que el término de terrorismos se utilizó hace 17 años en las fiestas patrias de Morelia del 2008 cuando la población sufrió un ataque con bombas dejando ocho muertos y más de 120 heridos.

En medio del combate al narcotráfico llama la atención que tanto el gobierno como la oposición se peleen la paternidad sobre la Generación Z cuando muchos de estos jóvenes son la fuerza de trabajo de las bandas criminales y al mismo tiempo son víctimas de ellos al ser reclutados de manera forzada, secuestrados, extorsionados, prostituidos, enviciados, esclavizados y asesinados. Un panorama negro.

Mientras que en Puebla el gobernador Alejandro Armenta Mier no se cansa de provocar malas notas de prensa. Ahora se le cuestiona los 101 viajes en helicóptero que realizó durante en 10 meses, la mayoría fueron a la Ciudad de México. Se desconoce el impacto económico que tuvieron para erario público. Al parecer se le subió el puesto al mandatario que es incapaz de viajar una corta distancia en su vehículo.

*Gutman, Roy y Rieff David, CRÍMENES DE GUERRA.LO QUE DEBEMOS SABER, Editorial Debate, Barcelona, España, primera edición 2003, p 405,406.