INEvitable

La caída de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, era inevitable. Tenía tres opciones: la renuncia, que fue el camino elegido; el desafuero o juicio político y la cárcel, en caso de acreditarse delitos como peculado, cohecho o soborno, operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.

Todo empezó con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a empresas proveedoras del INE. Delitos como lavado de dinero, simulación de competencia y triangulación de recursos.

Las indagatorias de la UIF apuntaron a unas ocho empresas proveedoras del INE ligadas a los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes obtuvieron contratos por 197 millones de pesos para la elección judicial.

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