Multienfoque social: Paris arde: Cuando vivir se vuelve un lujo
México ha librado una intensa batalla contra la impunidad y la persecución, desde la época prehispánica, la conquista, la independencia, la reforma, la revolución, post revolución, los 70 años de gobiernos priistas, la alternancia con Acción Nacional, 12 años y 8 con el Movimiento de Regeneración Nacional.
En la actualidad, el nuevo régimen ofreció gobernar para todos, pero al asumir el control del gobierno, polarizó a toda la nación,ricos vs. pobres.
Ya en el ejercicio del poder, emprendió la persecución contra sus adversarios políticos, empresariales, periodistas, inversionistas, académicos, intelectuales, bajo el argumento de ser neoliberales, aliados de la derecha, de estar a merced de los grupos fácticos.
La otra cara de Morena y el oficialismo, es la impunidad y pasar por alto presuntos nexos con el crimen organizado. Las referencias con el narcotráfico, con pruebas documentadas, investigaciones no oficiales, oficiales, de organismos multilaterales, independientes, ONG’s y notas periodísticas nacionales y extranjeras, además de las indagatorias de entes de seguridad de gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, Canadá y España, son desacreditadas so pretexto de ser campañas de desprestigio al régimen de Sheinbaum Pardo y a México.
Los señalamientos de gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, regidores, senadores, Enrique Inzunza Cázarez, uno de ellos; diputados federales, de los estados y funcionarios de primer nivel, son protegidos con todo el aparato gubernamental, mostrando el nivel de impunidad de que son objeto.
Desglosemos los acontecimientos más recientes, el caso del gobernador con licencia por el estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado y señalado por Washington de nexos con el narcotráfico y a quien se le dieron todas las facilidades, para declarar con la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, junto a siete ex funcionarios y funcionarios que formaron parte de su gobierno.
Una encuesta de El País, revela que el 62 por ciento de los encuestados asume como cierto el señalamiento de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios del estado de Sinaloa por sus presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa y que personas cercanas al grupo criminal participaran dentro del gobierno estatal para facilitar sus actividades.
Un 45 por ciento, indica que es por evidencia real de vínculos y colaboración con grupos del crimen organizado. El 60 por ciento respalda que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar investigaciones o cargos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En la otra cara de la moneda, las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntamente haber permitido el ingreso y operación de personal extranjero de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano sin autorización oficial, un 59 por ciento respondió que “son creíbles”.
La solicitud de legisladores de MORENA que impulsan el desafuero y juicio político contra Maru Campos, la respalda un 66 por ciento.
Estos indicadores arrojan coincidencias de opinión en contra de ambos gobernadores, uno del oficialismo y otra opositora.
El gobierno federal exigió a la gobernadora Maru Campos, una explicación del operativo en el que participaron los agentes estadunidenses, toda vez que se trató de una violación a la soberanía nacional, de acuerdo a Claudia Sheinbaum y sus aliados, quienes olvidaron que en el 2002 Andrés Manuel López Obrador, contrató al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani y a su empresa Giuliani Security & Safety, para implementar en la capital mexicana su modelo de seguridad “tolerancia cero”. La congruencia de morenos.




