Multienfoque social: Paris arde: Cuando vivir se vuelve un lujo
Una red bien aceitada de tráfico de influencias, donde los recursos financieros se movían libremente en Sinaloa y en Estados Unidos, la marca Rubén Rocha Moya, socios, tres de sus hijos, su secretario de finanzas, Enrique Díaz y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
La organización Rocha Moya es más amplia, negocios en México y al otro lado de la frontera, donde aún falta incluir en la lista a sus socios, no sólo los nueve ex funcionarios del gabinete del ex gobernador con licencia.
La investigación emprendida por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, son pequeños indicios en la punta del iceberg, la carpeta de investigación es amplia, sin comentarios del gobierno de la cuarta transformación.
La postura oficial, al guardar silencio desde que estalló la bomba con la solicitud de extradición solicitada por Washington, la entrega a las autoridades estadunidenses, de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y sumen la del general Gerardo Mérida Sánchez, contradicen el discurso de la administración de Claudia Sheinbaum, “quien no sea honesto no puede esconderse en la 4T”.
Se escudaron en nombre de la 4T, Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado por EU de participar en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar, hechos que habrían terminado con la muerte de las víctimas.
Washington cuenta con un amplio expediente de narcopolíticos mexicanos incrustados en gobiernos de los estados, Congreso de la Unión (Diputados y Senadores), a los que habría que incluir a alcaldes, presidentes municipales, regidores y legisladores de los estados.
Ahora resulta que el Gobierno confirma ficha roja de la Interpol contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más, por nexos con el narcotráfico.
CSP se deslindó de cualquier responsabilidad de custodia o monitoreo sobre los acusados, asegurando que el Ejecutivo no tiene la obligación legal de mantener una vigilancia sobre ellos. ¡Qué horror! ¿Entonces en qué radica la Federación?, ¿Por qué se lanza contra Maru, gobernadora de Chihuahua?
Las palabras de Sheinbaum de que “ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México”, es retórica fina.
Si el tiro, es en referencia a Estados Unidos, de envolverse en un nacionalismo a ultranza, las condiciones actuales son diferentes a las del siglo XIX y principios del XX, ya que en esta ocasión as fuerzas armadas del vecino del norte no han emprendido operativos con todo su poderío armamentista sobre México.
Cuando quienes se han escondido en Morena son políticos aliados a las bandas criminales.
A estas alturas, los que disienten de Morena se preguntan: ¿contaron con ayuda del crimen organizado? No fueron las organizaciones del narcotráfico que presionaron a electores para votar en favor de tal o cual, y que ahora son “dignos” gobernantes que posan junto a la doctora en ciencias, Claudia Sheinbaum.
Para tener un marco de referencia, Fox News y publicaciones como el New York Times y diversos portales norteamericanos y periódicos como El País, difundieron los nexos de políticos mexicanos con las bandas del narcotráfico.




