Al margen del Estado

La igualdad tributaria dura noventa minutos

Durante los últimos meses hemos escuchado (y criticado en este espacio) el mismo mensaje una y otra vez. Que todos deben contribuir. Que la evasión debe combatirse. Que la fiscalización debe fortalecerse. Que la recaudación puede aumentar sin necesidad de crear nuevos impuestos. Y, en términos generales, es difícil discutir cualquiera de esas afirmaciones. Después de todo, sostener al Estado cuesta dinero (si no, pregúntele a la CNTE).

Lo interesante es que esa lógica parece admitir excepciones bastante particulares. La discusión surgió recientemente a propósito de los beneficios fiscales concedidos a la FIFA con motivo del Mundial de 2026. Desde luego, no se trata de un tema nuevo. Los países anfitriones suelen asumir compromisos especiales para atraer este tipo de eventos y la FIFA lleva décadas negociando condiciones preferenciales alrededor del mundo. Hasta ahí, nada extraordinario. Más de lo mismo, vaya.

Lo verdaderamente interesante aparece cuando se revisan los detalles. Porque los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— otorgaron algún tipo de beneficio fiscal relacionado con la organización del torneo. Sin embargo, no todos lo hicieron de la misma manera.

Mientras Estados Unidos optó por esquemas fragmentados, sujetos a reglas federales, estatales y locales, y Canadá mantuvo beneficios específicos y condicionados para determinados participantes y actividades, México incorporó directamente en su legislación una exención amplia para la FIFA y para las personas y entidades que ésta designe para la organización, desarrollo y ejecución del evento dentro de la Ley de Ingresos.

Oséase, mientras un pequeño empresario puede enfrentar restricciones de sellos digitales por inconsistencias detectadas por la autoridad, mientras una persona física debe justificar depósitos, acreditar deducciones o responder requerimientos cada vez más sofisticados, una de las organizaciones económicamente más poderosas del planeta obtiene un tratamiento fiscal negociado directamente con el Estado. La comparación puede resultar incómoda, pero precisamente por eso es relevante.

Porque para la inmensa mayoría de los contribuyentes el deber de contribuir no es una cláusula negociable. No existe una mesa donde discutir tasas, exenciones o condiciones especiales (no, PRODECON no cuenta). La obligación simplemente existe. Y precisamente por eso llaman la atención aquellos casos donde las reglas parecen admitir excepciones de enorme amplitud.

Sin embargo, el punto más interesante no es siquiera la exención. Durante años se ha justificado este tipo de concesiones bajo la promesa de una derrama económica extraordinaria. El argumento es ya harto conocido: que genera turismo, inversión, empleos, consumo y proyección internacional. Y probablemente parte de ello ocurra. Pero debe de existir un “pero”, ¿verdad?

El problema es que las estimaciones más recientes empiezan a dibujar un escenario bastante menos optimista. Mientras las proyecciones oficiales hablaban de entre cinco y cinco millones y medio de visitantes y una derrama de hasta tres mil millones de dólares, Moody’s Local México estima alrededor de 674 mil visitantes y una derrama cercana a los mil millones de dólares. Vaya, que estamos hablando de una expectativa de visitantes hasta 88% inferior y de apenas una tercera parte de la derrama originalmente proyectada.

Más aún, México albergará únicamente 13 de los 104 partidos del torneo, mientras que Estados Unidos concentrará la mayor parte de la actividad económica asociada al Mundial. Es decir, si otros anfitriones negociaron beneficios más limitados y si una parte importante de la actividad económica terminará concentrándose fuera del país, ¿por qué México decidió conceder una exención tan amplia?

La política fiscal también comunica prioridades. Y pocas cosas las revelan mejor que la facilidad con la que ciertos principios aparentemente inquebrantables pueden adaptarse cuando quien se sienta a negociar tiene suficiente poder para hacerlo. Después de todo, la igualdad tributaria sigue siendo un principio fundamental. Al menos hasta que llega alguien con suficiente poder para negociar una excepción.

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