Nada Personal
La tendencia a la militarización estatal no es nueva. Llevamos varios años —quizá décadas— con esa inclinación al alza, derivada de un clima particularmente complejo en materia de seguridad. Durante los últimos años también se nos explicó que la militarización de puertos y aduanas era una respuesta necesaria frente a la corrupción, el contrabando y la evasión. Si el problema estaba en los controles civiles, había que sustituirlos por una estructura más disciplinada, jerárquica y menos vulnerable a las redes que históricamente han capturado puntos estratégicos del comercio exterior.
El argumento sonaba razonable, desde luego. Estamos en un país donde las aduanas han sido espacios sensibles para la subvaluación, la entrada irregular de mercancías y la evasión fiscal. Entonces, cualquier intento serio de control parecía deseable. El problema es que la realidad suele ser bastante menos obediente que los discursos administrativos.
En días recientes se dio a conocer un nuevo caso de huachicol fiscal vinculado con la aduana de Matamoros. Según investigaciones difundidas públicamente, una red habría introducido a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos mediante documentación que los presentaba como productos distintos. No se trataba del huachicol tradicional de ductos perforados o tomas clandestinas, sino de combustible cruzando la frontera con apariencia documental de legalidad. Ahí está el punto.
El huachicol fiscal no necesita esconderse en la madrugada ni abrir ductos en despoblado, como había ocurrido en ciertas poblaciones. Muchas veces le basta con llenar papeles, usar una clasificación conveniente, simular la naturaleza de la mercancía, contratar servicios aduanales y cruzar por donde cruzan todos. Así, mediante el lenguaje del trámite administrativo, se habría sustraído combustible y defraudado al fisco.
Resulta que, quizá, estuvimos confundiendo presencia con control. Porque una aduana no se vigila únicamente con personal armado, sino con trazabilidad, análisis químico, inteligencia fiscal, revisión documental, control financiero, auditoría posterior y consecuencias efectivas.
Cambiar el uniforme de quien administra una frontera puede tener efectos políticos inmediatos. Puede transmitir autoridad, disciplina y fuerza. Pero el comercio exterior se controla verificando qué entra, quién lo declara, cómo se clasifica, quién lo transporta, quién lo paga, quién lo compra y quién termina beneficiándose de la operación. Dicho de otra forma, no se controla solo con dar impresiones.
En materia aduanera, el papel puede ser tan importante como la mercancía. Un pedimento mal utilizado puede convertir combustible en un producto aparentemente inofensivo. Una descripción conveniente puede alterar el tratamiento fiscal de una operación. Una clasificación incorrecta puede evitar contribuciones millonarias, particularmente IEPS e impuestos al comercio exterior. Y una cadena de empresas interpuestas puede hacer que el dinero termine mucho más lejos de donde empezó.
Hay además una ironía difícil de ignorar. La materia aduanera no suele perdonar errores documentales. He visto patrimonios completos destruirse por una mala clasificación arancelaria o por una deficiencia comprobatoria. Al pequeño y mediano contribuyente se le exige comprobación absoluta de sus importaciones. Un error documental puede convertirse rápidamente en sospecha. Entonces, ¿cómo pudo operar una estructura completa sin que los controles ordinarios reaccionaran a tiempo?
Militarizar no equivale automáticamente a fallar, pero tampoco equivale automáticamente a controlar. El uniforme puede imponer presencia, pero no sustituye instituciones. Puede ordenar una línea de mando, pero no reemplaza la fiscalización técnica. Puede ocupar físicamente una aduana, pero no garantiza que el sistema sepa realmente qué está cruzando por ella.
El Estado debería tener capacidad real para saber qué ocurre dentro de sus aduanas. Y si millones de litros pueden cruzar la frontera convertidos, por obra y gracia de un pedimento, en algo que no eran, entonces el problema no está únicamente en la puerta y sus custodios, sino en todo el sistema que decidió creerle al papel.




