A la vista pública: El derecho a alzar la voz, sin desmantelar la ciudad.

En los próximos días veremos nuevamente calles tomadas, consignas elevadas y pancartas que no caben en el silencio. Ocurrirá el 8 de marzo, pero podría ocurrir en cualquier otra fecha: madres que buscan a sus hijos desaparecidos, padres que reclaman medicamentos para sus hijos, transportistas inconformes, ciudadanos que exigen justicia. La protesta no tiene calendario fijo; tiene causas.

Conviene empezar por lo esencial: en México, el derecho a manifestarse está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6º y 9º. También ha sido reconocido y desarrollado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La manifestación pública no es concesión graciosa del poder; es un pilar democrático. Sin protesta, no hay evolución institucional.

Pero ningún derecho es absoluto. Cuando el ejercicio de una libertad invade otra, el Estado y la sociedad entran en una zona de tensión legítima. El problema no es la protesta; es el punto en que ésta se transforma en intimidación, daño o miedo colectivo.

La teoría de masas ayuda a comprender ese tránsito. Gustave Le Bon advertía que el individuo, al diluirse en la multitud, tiende a perder racionalidad y a dejarse llevar por el contagio emocional. Elias Canetti observó que la masa busca crecer, romper límites y cohesionar su energía frente a un adversario común. José Ortega y Gasset señaló que el anonimato colectivo reduce la sensación de responsabilidad individual. Ninguno de ellos escribió contra la protesta; describieron, más bien, sus riesgos.

Existe la manifestación pacífica y la de choque. La primera, con objetivos claros y sin violencia contra terceros. La segunda, introduce deliberadamente confrontación, daña propiedad pública o privada, genera temor y termina afectando a la misma sociedad de la que emerge. Cuando una causa justa produce destrucción indiscriminada, la narrativa cambia: el reclamo pierde fuerza moral y abre espacio a discursos autoritarios que justifican la represión.

Defender la protesta no implica justificar el disturbio. La libertad de expresión pierde legitimidad cuando anula la libertad de tránsito, el derecho al trabajo o la seguridad de otros ciudadanos. La coherencia entre ideales y métodos es lo que sostiene la autoridad ética de cualquier movimiento.

El desafío, entonces, no es elegir entre orden y protesta. Es comprender que una democracia madura debe proteger ambas dimensiones: el derecho a inconformarse y el deber de preservar la paz social. La calle puede ser un espacio de exigencia, pero no de devastación. Alzar la voz es indispensable; apagar la ciudad, NO.

En tiempos de polarización, sostener esta postura puede parecer incómodo. Sin embargo, la verdadera fortaleza democrática consiste en defender el derecho a protestar sin convertirlo en permiso para vulnerar otros derechos. La causa más legítima se fortalece cuando sus métodos reflejan el país que dice querer construir.

Porque la protesta es un derecho.

Pero la violencia no lo es.

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