A la Vista Pública

Reparto de utilidades: El derecho que se diluye

Cada año, el reparto de utilidades debería ser un acto de justicia. Pero en México, cada vez más, se parece a un ejercicio de simulación. La ley se cumple, sí… pero el trabajador pierde. México enfrenta una contradicción peligrosa: trabajadores que generan valor, pero no participan proporcionalmente de él.

El caso de Volkswagen en Puebla es el ejemplo más claro: de 90 días de utilidades a solo 32. La explicación es técnica, casi impecable: caída en exportaciones, presión del T-MEC, competencia global. Todo cierto. Pero hay una pregunta que incomoda: ¿por qué siempre es el trabajador quien absorbe el golpe? En este país, cuando la economía se contrae, el ajuste no se comparte; se traslada.

La reforma de 2021 redefinió el juego. El tope de 90 días o el promedio de los últimos tres años, no solo contuvo abusos, también acotó derechos. Hoy, incluso si una empresa genera utilidades importantes, el trabajador puede recibir menos. Legal, sí. Pero profundamente cuestionable. Cuando el resultado raya en lo absurdo, la indignación aparece. En Acapulco, trabajadores reportan pagos de 125 o 300 pesos. Cantidades que no solo son insuficientes, son ofensivas. Mientras tanto, las empresas operan, venden, generan flujo. El discurso de “pérdidas” choca con la realidad de quienes sostienen la operación.

Aquí el problema deja de ser técnico y se vuelve ético. Porque el reparto de utilidades no es una dádiva, es un derecho constitucional. Y, sin embargo, el sistema permite que ese derecho se diluya entre cálculos fiscales, vacíos legales y estructuras que terminan beneficiando más a quien reporta que a quien produce. Lo más grave es que el trabajador sí tiene herramientas… pero rara vez las usa. Puede exigir la declaración anual, revisarla y objetarla ante la autoridad. Pero el desconocimiento, el miedo o la falta de acompañamiento convierten ese derecho en una ilusión. Y una ley que no se ejerce, es una ley que no protege. Un país donde la productividad no garantiza bienestar, y donde el cumplimiento legal comienza a usarse como escudo ante la inconformidad.

Seamos claros: no todas las empresas incumplen. Muchas operan dentro de la legalidad. Pero ahí está el fondo del problema: el sistema permite que, incluso cumpliendo la ley, el resultado sea injusto. Cuando la legalidad deja de garantizar equidad, lo que falla no es la empresa… es el modelo. Si el esfuerzo no se refleja en el ingreso, entonces no hay reparto, hay simulación; y cuando la ley permite que eso ocurra sin corregirse, deja de ser una garantía para convertirse en un mecanismo de validación de la desigualdad.

¿Qué hacer cuando las utilidades no llegan o parecen insuficientes? Informarse, organizarse y actuar. Solicitar la declaración anual, revisar el cálculo, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y, si es necesario, presentar una objeción formal. El derecho existe, pero exige ser ejercido.