A la vista pública

El último año del Congreso: ¿legislar para el país o preparar la elección?

El Congreso de la Unión inició su tercer y último año de la LXVI Legislatura. Lo hace justo cuando México entra en la ruta electoral hacia 2027. El próximo 10 de septiembre arrancará formalmente el proceso electoral federal, en el que se renovará la Cámara de Diputados y concurrirán miles de cargos locales.

Sería ingenuo pensar que los legisladores llegarán a este último tramo con la mirada puesta únicamente en las necesidades del país. En México, cuando comienza una elección, la política empieza a calcular votos; y cuando se busca conservar el poder, hasta una reforma puede convertirse en instrumento electoral.

La pregunta no es si el proceso electoral de 2027 influirá en el Congreso. Lo hará. La verdadera pregunta es cuánto.

La agenda legislativa contempla asuntos de enorme trascendencia: inteligencia artificial, anticorrupción, seguridad, salud, derechos digitales, reformas laborales y el Paquete Económico 2027. Sobre cada uno habrá una discusión técnica, pero también una lectura política: qué beneficia, a quién beneficia, cuándo se anuncia y, sobre todo, quién puede capitalizarlo electoralmente.

Ahí comienza el problema.

El Paquete Económico 2027 será particularmente sensible. Será el presupuesto de un año electoral y cada decisión sobre el gasto podrá convertirse en narrativa política: programas que se fortalecen, recursos que se anuncian, beneficios que se entregan y obras que pueden presentarse como resultados de gobierno. El presupuesto dejará de ser solamente una herramienta financiera para convertirse, inevitablemente, en parte del escenario electoral.

Y en un país acostumbrado a utilizar programas sociales, obras públicas y anuncios gubernamentales como instrumentos de posicionamiento, pensar lo contrario sería cerrar los ojos ante nuestra propia realidad.

La reforma laboral ofrece otro ejemplo: la reducción de la jornada hacia las 40 horas comenzará en 2027, convirtiéndose también en un activo político para quien pueda atribuirse su aprobación.

Lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial, la seguridad o cualquier reforma capaz de producir un beneficio visible. La política mexicana tiene una vieja costumbre: convertir los resultados de gobierno en argumentos de campaña y las decisiones legislativas en propaganda de partido.

Por eso, el último año de esta Legislatura corre un riesgo evidente: que la Cámara de Diputados deje de ser solamente el espacio donde se discuten las soluciones del país y se convierta, gradualmente, en una extensión de la contienda electoral.

El problema no es que los políticos hagan política. El problema aparece cuando la lógica de ganar votos comienza a determinar qué se legisla, qué se acelera, qué se congela y qué se presenta como éxito.

México entra así en un año legislativo donde cada decisión tendrá una segunda lectura. Una será jurídica, económica o social. La otra será electoral.

Porque cuando el voto se convierte en la brújula de la legislación, el ciudadano deja de ser el destinatario de las decisiones públicas y comienza a ser visto como elector. Y ésa es precisamente la frontera que una democracia no debería cruzar.

México no necesita un Congreso que legisle pensando en la próxima elección, sino uno capaz de resistir la tentación de convertir cada reforma en propaganda, cada presupuesto en bandera y cada beneficio social en moneda electoral. Una ley puede aprobarse en un día, una campaña durar meses, pero las consecuencias de legislar a modo pueden acompañar a un país durante décadas.

De aquí al 2027, los ciudadanos también tendremos una responsabilidad: mirar más allá de los discursos y evaluar resultados. No votemos por quien más prometa, sino por quien pueda demostrar qué hizo, qué defendió y qué consecuencias tuvieron sus decisiones.

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