Vinculan a exsecretario de Seguridad de Aquixtla por tortura y robo agravado
PUEBLA, Pue., 15 de julio de 2026.- El Primer Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa, con sede en el estado de Puebla, falló en contra de un recurso de revisión interpuesto para frenar el derribo de inmuebles en el predio La Covadonga. Con esta resolución, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU) del ayuntamiento deberá demoler el 20% de las viviendas irregulares que siguen de pie en la zona.
El recurso legal fue promovido por un particular, identificado como Jorge N., quien buscaba que los magistrados federales revocaran la orden de demolición previamente dictada por el juez Cuarto de Distrito. Sin embargo, el amparo fue desechado (según el expediente RA725/2025, fechado el 8 de julio de 2026) debido a que se presentó de manera extemporánea.
El historial del despojo
El conflicto por estas tierras escaló la madrugada del 19 de julio de 2025. En aquella ocasión, la SGyDU, respaldada por autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, acudió a dar cumplimiento a una orden judicial para recuperar 8.5 hectáreas.
Durante el operativo se retiraron diversas bardas perimetrales y una treintena de inmuebles totalmente deshabitados que fueron construidos tras el despojo del terreno. No obstante, cuando la maquinaria ya había derrumbado el 80% de las edificaciones, las acciones se detuvieron abruptamente porque un supuesto propietario se presentó con una escritura proveniente del estado de Tlaxcala.
Exigen reparación del daño
Tras la reciente resolución federal, Jesús González Schmal, representante jurídico de la Fundación Julita y Antonio I.A.P., avalada como la legítima propietaria del predio invadido, celebró la decisión judicial. El abogado destacó que, a partir de este fallo, las autoridades municipales están obligadas a concluir los trabajos que habían suspendido de forma indebida.
Asimismo, González Schmal aseveró que la fundación continuará con las acciones legales pertinentes para lograr la reparación del daño. Los estragos comenzaron desde el 9 de abril de 2023, fecha en la que un grupo de 50 personas armadas irrumpió con violencia y tomó por asalto el terreno, iniciando así la construcción ilegal y el conflicto que hoy busca su resolución definitiva.