Violencia trunca 23 vidas universitarias en Puebla en menos de una década

PUEBLA, Pue., 15 de junio de 2026.- La muerte de Oscar Javier Ortiz Figueroa, estudiante de Odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), se suma a una larga lista de universitarios cuya formación académica quedó truncada por la violencia. El joven de 25 años, originario de Puente de Ixtla, Morelos, perdió la vida en un conflicto armado y dejó a dos hijos.

Su caso no es aislado. Un recuento hemerográfico realizado por Quadratín Puebla identificó al menos 23 estudiantes que se encontraban inscritos en universidades públicas y privadas del estado y que fueron asesinados entre 2016 y 2024 en distintos hechos de violencia. Las víctimas murieron en contextos de feminicidio, robo con violencia, secuestro, linchamiento, desaparición seguida de homicidio, multihomicidio y ejecuciones.

La revisión permitió documentar dos casos en 2016, dos más en 2017, siete en 2018, cuatro en 2019, siete en 2020 y uno en 2024. Los años 2018 y 2020 concentraron el mayor número de víctimas, con siete estudiantes asesinados en cada periodo.

Aunque en 2025 no se identificaron universitarios asesinados bajo los criterios de este recuento, sí se documentaron al menos ocho fallecimientos de estudiantes relacionados con accidentes y suicidios, lo que evidencia otros riesgos que afectan a la comunidad estudiantil.

Feminicidio y robo, los delitos más registrados

Los delitos más frecuentes fueron el robo con violencia y el feminicidio. El primero concentró seis casos, equivalentes al 26.1 por ciento del total, mientras que el segundo sumó cinco víctimas, lo que representa el 21.7 por ciento. En tercer lugar se ubicó el secuestro o la privación ilegal de la libertad seguida de homicidio, con cuatro casos documentados.

Violencia ataca más a estudiantes de universidades públicas

La mayoría de las víctimas pertenecían a instituciones públicas. Del total de estudiantes asesinados, 16 cursaban sus estudios en universidades públicas y siete en instituciones privadas. La BUAP concentró 11 de los casos identificados, seguida de la UPAEP con tres.

Más allá de las cifras, cada registro representa una trayectoria académica interrumpida. Estudiantes que asistían a clases, realizaban prácticas profesionales, preparaban exámenes o estaban a punto de graduarse vieron truncados sus proyectos de vida por distintas expresiones de violencia. El recuento muestra que la inseguridad no sólo impacta las calles o las estadísticas criminales, sino también a las aulas universitarias y a una generación de jóvenes que buscaba construir su futuro a través de la educación.