Puebla e Hidalgo, de los estados más afectados por caso Banco Accendo

PUEBLA, Pue., 27 de julio del 2025 - Cuatro años después de que el Gobierno de Puebla invirtiera más de 600 millones de pesos en Banco Accendo, los recursos públicos continúan sin recuperarse y el caso permanece abierto tanto en el ámbito judicial como administrativo.

Aunque dos exfuncionarios del gobierno del ex mandatario Miguel Barbosa Huerta ya fueron sancionados por el Tribunal de Justicia Administrativa, las resoluciones aún no son definitivas debido a los recursos de apelación promovidos por los involucrados, mientras que el estado continúa en la larga lista de acreedores de la institución bancaria en liquidación.

¿Qué pasó con los 600 millones?

El origen del caso se remonta a 2021, cuando la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas autorizó la inversión de aproximadamente 600 millones de pesos de recursos públicos en Banco Accendo. Sin embargo, meses después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización para operar de la institución financiera por incumplir los niveles mínimos de capitalización, lo que derivó en su liquidación judicial y dejó atrapados los recursos de Puebla junto con los de otros acreedores.

La recuperación del dinero sigue estancada

Hasta ahora el Gobierno Estatal no ha logrado recuperar el capital. Durante su comparecencia ante el Congreso local, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración informó que Puebla ocupa el lugar 219 dentro de una lista de más de 400 acreedores reconocidos en el proceso de liquidación, por lo que promovió una impugnación para mejorar su posición de cobro. Mientras no exista una resolución favorable, el dinero permanece sujeto al procedimiento judicial encabezado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El proceso contra la extesorera y el exsubsecretario

En septiembre de 2025, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó sancionar a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, con una inhabilitación de 20 años y una indemnización superior a 362 millones de pesos por su responsabilidad en la inversión realizada en Banco Accendo. Asimismo, el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue inhabilitado por 15 años y sancionado económicamente por alrededor de 242 millones de pesos. Las investigaciones penales continúan en las instancias correspondientes.

Las apelaciones mantienen abierto el caso

Pese a las sanciones impuestas, el asunto aún no concluye. Tanto María Teresa Castro Corro como otros exservidores públicos involucrados promovieron recursos de apelación para combatir las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que las sanciones todavía no han quedado firmes y el gobierno estatal continúa a la espera de las determinaciones judiciales para definir los siguientes pasos legales.

No fue un caso exclusivo de Puebla

Una deuda millonaria que asciende a 3 mil 41 millones de pesos ha impactado severamente a diversas instituciones de gobierno a lo largo del país.

En la lista de los más afectados destacan los estados de Hidalgo, que registra un impacto de 807 millones de pesos (sumado a 57 millones adicionales de los Servicios de Salud de Hidalgo), y Puebla, con un monto pendiente de 800 millones de pesos. Otras entidades severamente perjudicadas incluyen a Veracruz, con 357 millones, y el Estado de México, con 112 millones.

Las finanzas públicas comprometidas por este déficit económico también alcanzan a los gobiernos de Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Baja California y el municipio de Zapopan, reflejando una problemática financiera que limita los recursos de los acreedores gubernamentales en gran parte del territorio nacional.

Un caso que sigue sin cerrarse

Aunque han transcurrido cuatro años desde el quebranto financiero, el Gobierno de Puebla sigue sin recuperar los más de 600 millones de pesos invertidos en Banco Accendo. Entre los recursos legales promovidos por los exfuncionarios, la larga lista de acreedores reconocidos y el proceso de liquidación judicial del banco, el destino de ese dinero continúa sin definirse y el expediente permanece abierto tanto en los tribunales administrativos como en las investigaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos.