Extorsiones y autogobierno bajo sospecha en el Penal de San Miguel

PUEBLA, Pue., 10 de noviembre de 2026.- Cobrar para evitar golpizas, exigir dinero para abandonar determinadas áreas, comercializar teléfonos celulares y controlar el acceso a servicios básicos son algunas de las prácticas que familiares de personas privadas de la libertad han denunciado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

​Los testimonios describen un posible sistema de extorsión que tendría como víctimas a los propios internos y a sus familias, quienes deben conseguir recursos económicos para evitar represalias o mejorar las condiciones de estancia de sus parientes.

​Las acusaciones también apuntan a la presunta venta de drogas, bebidas alcohólicas y dispositivos de comunicación, así como a posibles complicidades dentro del centro penitenciario.

​La reiteración de estos señalamientos coloca en el ojo del huracán los mecanismos de vigilancia y supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la gestión de su actual director, Jorge Ortiz Delgadillo.

​El conflicto llegó nuevamente a las calles este martes cuando familiares exigieron la destitución del funcionario y la intervención de las autoridades.

​Sin embargo, el problema de fondo está en las prácticas que, según las denuncias, permitirían a determinados grupos de internos ejercer control económico y coercitivo dentro del reclusorio.

​Cobrar por permanecer y evitar agresiones

​Las denuncias sobre presuntas extorsiones en San Miguel no comenzaron este año. Desde 2025, familiares han expuesto diferentes modalidades de cobro que, según sus testimonios, condicionan la seguridad y las condiciones de internamiento.

​El 14 de noviembre de 2025, alrededor de 50 personas bloquearon el Camino al Batán para denunciar que algunos internos debían entregar hasta 8 mil pesos semanales para evitar agresiones.

​En aquella ocasión señalaron a Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, como presuntos responsables de encabezar una estructura dedicada a la extorsión y venta de drogas.

​También mencionaron a Marcos Pavón, alias El Nenuco, a quien atribuyeron la comercialización de teléfonos celulares.

​Meses antes, en agosto de 2025, otros familiares habían denunciado cobros por el acceso al agua, artículos de limpieza y servicios básicos, además de presuntas exigencias económicas a quienes recién ingresaban al Penal.

​En abril de 2026, nuevos testimonios difundidos señalaron cobros semanales de hasta 3 mil pesos y exigencias para abandonar determinadas áreas del centro penitenciario.

​Entre los nombres mencionados apareció Juan Manzanares Castro, a quien los denunciantes atribuyeron el control de algunas actividades mediante otros reclusos.

​El 31 de mayo, familiares y personas privadas de la libertad denunciaron que algunos internos debían pagar entre cinco mil y 20 mil pesos para abandonar el área de castigo conocida como estancia.

​Los señalamientos describieron un mecanismo en el que el dinero permitiría acceder a mejores condiciones, evitar agresiones o abandonar espacios considerados de mayor riesgo.

​También se denunciaron restricciones para ingresar alimentos y productos de higiene, así como presuntos cobros por determinados servicios.

​El negocio de los teléfonos celulares y las comunicaciones desde prisión

​Otro de los aspectos que aparece de manera recurrente en las denuncias es la presunta disponibilidad de teléfonos celulares dentro de San Miguel.

​Los dispositivos representarían una herramienta para mantener comunicación con el exterior, pero también podrían facilitar la operación de esquemas de extorsión telefónica, amenazas y exigencias de depósitos bancarios.

​En este contexto, el Gobierno de Puebla abrió una licitación para adquirir ocho inhibidores de señal telefónica destinados al penal de San Miguel.

​El procedimiento GEP-SPFA-LPN-308-736/2026 contempla equipos capaces de bloquear tecnologías 3G, 4G y 5G, además de una plataforma de administración y un centro de monitoreo permanente.

​El fallo está previsto para el 26 de noviembre y la instalación, las pruebas y la capacitación deberán concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

​Jorge Ortiz Delgadillo: del Ayuntamiento de Veracruz al Penal de San Miguel

​Al frente del centro penitenciario se encuentra Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió la dirección el 1 de septiembre de 2025, después de la salida de Guillermo Jesús Serna, removido a finales de julio de ese año.

​Su trayectoria pública conocida se encuentra relacionada con la administración municipal de Veracruz.

​Ortiz Delgadillo se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Veracruz y jefe del Departamento Jurídico de Tránsito Municipal.

​Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia lo ubicaban en el área jurídica de Tránsito Municipal entre enero y marzo de 2025, con una remuneración bruta reportada de 12 mil pesos mensuales.

​Seis meses después pasó a encabezar uno de los principales centros penitenciarios de Puebla.

​Su nombramiento ocurrió después de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, adelantara que se contemplaba designar a un elemento de la Marina para ocupar la dirección. Finalmente, el cargo fue asignado a Ortiz Delgadillo.

​Desde su llegada, las denuncias sobre presuntos cobros ilegales, amenazas y venta de productos prohibidos han continuado apareciendo en testimonios de familiares y personas privadas de la libertad.