Encienden las alarmas en Puebla por despojo inmobiliario

PUEBLA, Pue., 20 de agosto de 2026.- Puebla enfrenta un crecimiento de denuncias por despojo inmobiliario y fraude patrimonial que coloca bajo la lupa a propietarios, autoridades registrales y operadores jurídicos.

La entidad acumula cientos de carpetas por despojo y se mantiene entre los estados con mayor incidencia del país.

Al mismo tiempo, reformas impulsadas por el Gobierno estatal y el Congreso local reconocen que estas conductas pueden involucrar documentos falsos, simulación de actos jurídicos y la posible participación de servidores públicos o fedatarios.

El escenario guarda similitudes con algunas de las prácticas investigadas en Ciudad de México bajo el denominado cártel inmobiliario.

Sin embargo, los datos oficiales disponibles, consultados por Quadratín Puebla, no permiten afirmar que en Puebla opere actualmente una estructura criminal de las mismas características ni que exista una red de jueces, magistrados, notarios y funcionarios coludidos.

Puebla, entre los estados con más despojos

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran la dimensión del problema.

Durante el primer semestre de 2026, Puebla acumuló 830 registros por el delito de despojo, cifra que colocó al estado en el cuarto lugar nacional.

Los datos adquieren relevancia al considerar que el despojo afecta directamente el patrimonio de las víctimas y puede involucrar viviendas, terrenos, locales comerciales y predios cuya propiedad o posesión termina en disputa.

En el primer bimestre del año, la entidad había registrado 245 carpetas de investigación por este delito, frente a 216 durante el mismo periodo de 2025.

Puebla capital concentró la mayor cantidad de casos, seguida por municipios como Amozoc, Tehuacán, Atlixco, Huauchinango, Coronango, Huejotzingo y San Pedro Cholula.

El Gobierno estatal reconoce el riesgo

En febrero de 2026, el Gobierno de Puebla presentó una iniciativa para endurecer las penas por despojo inmobiliario.

La propuesta contempla sanciones más severas cuando el delito se cometa mediante documentos falsos, actos simulados o mecanismos destinados a aparentar una operación legal.

También establece agravantes cuando intervengan notarios, corredores públicos o servidores públicos que faciliten o encubran el despojo.

El planteamiento resulta significativo porque reconoce que el delito puede ir más allá de la ocupación física de un terreno.

Una propiedad puede ser arrebatada mediante violencia, pero también a través de una operación documental que pretenda convertir al ocupante ilegal en propietario legítimo ante las autoridades.

Ahí aparece una de las coincidencias con el fenómeno investigado en Ciudad de México.

Documentos, notarías y registros: la zona de mayor riesgo

El despojo inmobiliario organizado requiere, en algunos casos, algo más que personas que ingresen a un inmueble.

Puede involucrar escrituras, poderes notariales, contratos, identificaciones, registros y procedimientos judiciales o administrativos.

Por ello, la legislación de Puebla incorporó como supuesto de riesgo la utilización de documentos falsos y la simulación de procedimientos.

Una iniciativa presentada ante el Congreso también planteó sancionar la colusión con notarios, corredores públicos, servidores públicos y personas relacionadas con funciones de autoridad.

El planteamiento legislativo no demuestra que exista una red criminal, pero sí muestra que las autoridades locales identificaron la posibilidad de que el despojo sea cometido mediante una estructura que utilice mecanismos institucionales para darle apariencia de legalidad.

Un antecedente dentro del Registro Público

La hipótesis sobre posibles riesgos de corrupción en áreas relacionadas con la propiedad tampoco es completamente ajena a Puebla.

En julio de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la vinculación a proceso de un ex Registrador Público de la Propiedad de Teziutlán por el delito de cohecho.

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario habría intentado entregar 50 mil pesos para evitar revisiones administrativas en la oficina registral que tenía bajo su responsabilidad.

El expediente no lo vincula públicamente con una red de despojo inmobiliario.

Pero el caso deja un antecedente: una institución encargada de brindar certeza jurídica sobre la propiedad puede estar expuesta a actos de corrupción.

El Registro Público es una pieza clave en cualquier investigación sobre posibles despojos documentales.

Por ello, revisar quién solicita modificaciones, inscripciones, cancelaciones o certificaciones relacionadas con propiedades denunciadas como despojadas puede aportar elementos para detectar patrones.

La Fiscalía ya ha restituido propiedades

Los expedientes de la FGE muestran que el despojo no es únicamente una disputa civil.

En enero de 2026, el organismo informó sobre la restitución de un inmueble utilizado como bodega en la Central de Abasto Regional Benito Juárez, en San Salvador Huixcolotla.

La propiedad había sido despojada a su propietario. Después de integrar la investigación, la Fiscalía obtuvo de un juez de Control el mandato correspondiente para devolver el inmueble.

Otro caso investigado por la FGE ocurrió en la colonia Popular Coatepec, en Puebla capital.

La autoridad informó sobre la detención de un hombre señalado por su probable participación en un despojo ocurrido desde 2019. Según la investigación, el imputado habría ingresado al inmueble acompañado por alrededor de 130 personas y posteriormente impedido el acceso a quienes tenían la posesión legítima.

En San Miguel Xoxtla, la Fiscalía también informó sobre la detención de una persona acusada de despojo agravado. El expediente refiere la participación de aproximadamente 30 personas en la ocupación de un predio.

Los casos tienen características distintas. No obstante, muestran que en Puebla existen despojos en los que participan grupos numerosos y que algunos conflictos pueden prolongarse durante años antes de que las víctimas recuperen la posesión.

Fraude: otro componente del problema

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, elaborada por el INEGI, estimó que 35.4 por ciento de los hogares poblanos fue víctima de al menos un delito durante 2024.

El fraude figura entre los principales delitos patrimoniales.

Los registros del SESNSP también muestran un incremento de las carpetas por fraude en Puebla.

Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 2 mil 565 investigaciones, frente a mil 929 en el mismo periodo de 2025.

El aumento fue de aproximadamente 33 por ciento.

Estos datos no significan que todos los fraudes estén relacionados con propiedades.

Sin embargo, el mercado inmobiliario ofrece condiciones para operaciones fraudulentas debido al elevado valor de los terrenos, la complejidad de los trámites y la posibilidad de utilizar intermediarios, contratos y documentos para engañar a compradores o propietarios.

¿Qué pasó en Ciudad de México?

La comparación con la capital del país surge por el llamado cártel inmobiliario.

Las investigaciones realizadas en Ciudad de México se concentraron principalmente en la alcaldía Benito Juárez y señalaron una presunta estructura en la que funcionarios y particulares habrían participado en operaciones inmobiliarias irregulares.

El término comenzó a utilizarse públicamente para describir una trama investigada por la Fiscalía capitalina.

A partir de los expedientes se documentaron acusaciones contra exfuncionarios y particulares, así como investigaciones relacionadas con posibles beneficios económicos derivados de operaciones inmobiliarias.

El caso capitalino es relevante para Puebla porque muestra cómo una actividad aparentemente administrativa puede convertirse en una fuente de enriquecimiento ilícito cuando existe coordinación entre particulares y funcionarios.

En Ciudad de México existen investigaciones penales y procesos relacionados con esa estructura.

En Puebla, la información oficial disponible no acredita hasta ahora una organización equivalente.