Detención de mandos ocurre en municipios con alta incidencia de violencia familiar y robos

PUEBLA, Pue., 16 de julio de 2026.- La detención de los secretarios de Seguridad Pública de Tehuitzingo, Chietla y Chila de la Sal puso bajo los reflectores a tres municipios que, de acuerdo con cifras de la FGE, acumularon 440 carpetas de investigación por delitos del fuero común entre junio de 2025 y junio de 2026.

Las estadísticas oficiales consultadas por Quadratín Puebla muestran que Chietla concentra la mayor incidencia delictiva de las tres demarcaciones, con 336 investigaciones, equivalente a más del 76 por ciento del total.

Los ilícitos más recurrentes son violencia familiar, lesiones, amenazas, robo en diversas modalidades y daño en propiedad ajena.

El municipio también registra carpetas por homicidio doloso y narcomenudeo, según los reportes de la FGE.

En Tehuitzingo, las autoridades iniciaron 102 carpetas de investigación durante el mismo periodo.

La incidencia se concentra en violencia familiar, lesiones, amenazas e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, además de investigaciones por homicidio y algunos casos de narcomenudeo y robo.

Por su parte, Chila de la Sal mantiene una incidencia menor en comparación con los otros dos municipios.

No obstante, las denuncias presentadas corresponden principalmente a violencia familiar, lesiones, amenazas y delitos patrimoniales, de acuerdo con el concentrado estadístico de la FGE.

Los tres municipios forman parte de las seis demarcaciones donde, el pasado 14 de julio, autoridades estatales y federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra los titulares de Seguridad Pública.

Las investigaciones los señalaron por los presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento y otros ilícitos, dentro de una indagatoria relacionada con la operación de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla.

Tras las detenciones, el Gobierno del Estado asumió temporalmente las funciones de seguridad pública en esos municipios, mientras la FGE continúa con las investigaciones y se define la situación jurídica de los exmandos policiacos.