Chalchihuapan: el caso que persigue al morenovallismo doce años después

Diversas organizaciones civiles y los familiares del menor que murió, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, han sostenido durante años que persiste la impunidad.

PUEBLA, Pue., 6 de julio de 2026.- El 9 de julio de 2014 parecía ser una protesta más de las muchas que se registraban en Puebla.

Ese día, habitantes de la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan del municipio de Santa Clara Ocoyucan bloquearon la carretera Puebla-Atlixco para exigir la restitución de las facultades del Registro Civil, retiradas meses antes por una reforma impulsada por el gobierno estatal.

Horas después, el operativo policiaco para liberar la vialidad terminaría convertido en uno de los episodios más graves de violencia institucional registrados en Puebla en los últimos años.

El saldo oficial fue decenas de personas lesionadas, policías heridos, cuatro pobladores detenidos y un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, con una lesión craneoencefálica que días después le costó la vida.

El operativo

Vecinos de Chalchihuapan y comunidades cercanas bloquearon ambos sentidos de la carretera estatal para exigir diálogo con el gobierno.

La administración estatal respondió con un despliegue de aproximadamente 426 elementos de la Policía Estatal Preventiva, equipados con escudos, toletes, vehículos antimotines y lanzadores de proyectiles para dispersar manifestaciones.

El gobierno sostuvo inicialmente que los manifestantes utilizaron cohetones, bombas molotov y piedras contra los policías.

Los habitantes denunciaron un uso excesivo de la fuerza y aseguraron que los uniformados dispararon proyectiles directamente hacia la población.

Las imágenes difundidas ese día mostraban una confrontación prolongada entre policías y manifestantes.

La muerte que cambió todo

José Luis Alberto Tehuatlie no participaba directamente en la protesta, sin embargo, recibió un fuerte impacto en la cabeza.

Fue trasladado primero al Hospital General de San Andrés Cholula y posteriormente al Hospital General del Sur, donde M urió el 19 de julio de 2014.

En un inicio, el gobierno estatal afirmó que la lesión había sido provocada por un cohetón lanzado por los propios manifestantes.

Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse conforme avanzaron las investigaciones.

La investigación de la CNDH

El punto de quiebre llegó el 11 de septiembre de 2014, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación por Violaciones Graves 2/2014.

Después de revisar videos, dictámenes periciales, expedientes médicos, testimonios y reconstrucciones de hechos, el organismo concluyó que:

Existió uso excesivo de la fuerza
Hubo violaciones graves a derechos humanos
Policías estatales utilizaron proyectiles de forma indebida
El operativo careció de proporcionalidad
La actuación policial puso en riesgo a población civil, incluidos menores de edad.

La CNDH descartó la versión oficial que atribuía la lesión mortal exclusivamente a un artefacto explosivo lanzado por manifestantes y sostuvo que las evidencias científicas eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por elementos policiales.

La llamada Ley Bala

El caso también puso bajo la lupa la denominada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada meses antes.

Aunque jurídicamente nunca autorizó expresamente el uso de balas de goma, la legislación fue ampliamente criticada porque ampliaba las facultades policiales para dispersar manifestaciones.

Tras la presión social y política, el gobierno estatal anunció modificaciones a la norma. Desde entonces quedó popularmente identificada como la Ley Bala.

Las responsabilidades políticas

La crisis golpeó directamente al gobierno de Rafael Moreno Valle. Diversos funcionarios comparecieron, entre ellos:

El entonces secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas

El procurador estatal Víctor Antonio Carrancá Bourget
Integrantes del gabinete de seguridad

La oposición exigió incluso la renuncia del gobernador y la desaparición de poderes en Puebla, aunque ninguna de esas solicitudes prosperó.

¿Hubo funcionarios procesados?

Aquí aparece uno de los mayores cuestionamientos.

Sí hubo investigaciones penales, sin embargo, ningún integrante del primer círculo político del gobierno estatal fue sentenciado por la muerte del menor.

Las indagatorias alcanzaron principalmente a mandos operativos y policías que participaron en el despliegue.

La responsabilidad política nunca se tradujo en condenas penales contra integrantes del gabinete.

¿Qué pasó con Facundo Rosas?

El entonces secretario de Seguridad dejó el cargo meses después.

Durante años enfrentó distintos procedimientos relacionados con el caso.

Sin embargo, las investigaciones no derivaron en una sentencia firme por la muerte de José Luis Alberto.

Años después enfrentaría otros procesos federales completamente distintos, relacionados con el operativo denominado Rápido y Furioso, sin vínculo con Chalchihuapan.

¿Qué pasó con Rafael Moreno Valle?

El exgobernador siempre negó responsabilidad directa.

Sostuvo hasta el final de su carrera política que el gobierno actuó conforme a derecho.

Nunca fue procesado penalmente por Chalchihuapan.

En diciembre de 2018 murió junto con la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo en el desplome del helicóptero en el que viajaban.

Con su fallecimiento quedó cerrada cualquier posibilidad de una investigación penal directa en su contra.

Los policías

La CNDH documentó la participación de cientos de elementos estatales durante el operativo.

No obstante, uno de los principales obstáculos fue individualizar quién accionó el proyectil que provocó la lesión mortal.

Ese aspecto nunca quedó plenamente acreditado en sede penal. La ausencia de identificación del autor material terminó debilitando las posibilidades de obtener condenas.

Las víctimas

Los pobladores lesionados obtuvieron distintas medidas de reparación.

La CNDH ordenó:

Atención médica
Atención psicológica
Reparación integral
Investigaciones administrativas
Capacitación policial
Revisión de protocolos para el uso de la fuerza

También recomendó modificar procedimientos para el control de manifestaciones.

¿Se hizo justicia?

Desde la perspectiva jurídica, el caso produjo:

Una investigación por violaciones graves a derechos humanos
Recomendaciones nacionales
Cambios en protocolos policiales
Modificaciones legales

Desde la perspectiva penal, el resultado fue muy distinto. No existe una sentencia emblemática que haya responsabilizado a los principales funcionarios del gobierno estatal por la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie.

Diversas organizaciones civiles y los familiares del menor han sostenido durante años que persiste la impunidad.