Abuelos de San Miguel: envejecen tras las rejas y sus nietos crecen fuera

En 2021, el sistema penitenciario estatal registraba 439 personas privadas de la libertad de 60 años o más. Para 2022, la cifra aumentó a 494.

PUEBLA, Pue., 28 de agosto de 2026.- Cumplen años detrás de los muros, reciben visitas cuando las condiciones económicas y familiares lo permiten y ven crecer a sus nietas y nietos a través de unas horas de convivencia.

Son los adultos mayores que forman parte de la población penitenciaria en Puebla, un sector cuya realidad familiar permanece prácticamente invisible en las estadísticas públicas.

El Centro Penitenciario de Puebla, conocido como Penal de San Miguel, concentra una de las poblaciones penitenciarias más numerosas del estado.

En 2025 registró alrededor de 3 mil 300 personas privadas de la libertad, cifra que representa cerca de 43 por ciento de quienes permanecen recluidos en los centros penitenciarios poblanos.

Sin embargo, las estadísticas oficiales actuales no permiten responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿cuántos de ellos son abuelos?

Tampoco existe información pública desagregada que permita conocer cuántos reciben visitas de sus nietas y nietos, con qué frecuencia ocurre ese contacto o cuántos han dejado de recibirlo.

El vacío estadístico contrasta con una realidad: la prisión también modifica la vida de las familias.

Una población que envejece en prisión

Los registros penitenciarios muestran que la población adulta mayor también está presente en las cárceles poblanas.

En 2021, el sistema penitenciario estatal registraba 439 personas privadas de la libertad de 60 años o más. Para 2022, la cifra aumentó a 494.

El envejecimiento de esta población llevó al gobierno estatal a poner en funcionamiento, en noviembre de 2022, un centro especializado para hombres adultos mayores.

Actualmente, el establecimiento es identificado como Centro Penitenciario para Adultos Mayores Privados de la Libertad con Enfermedades Crónico-Degenerativas y con Discapacidad (CEPEAM).

Durante una supervisión realizada en 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reportó una población cercana a 300 internos en ese centro.

El dato es relevante porque impide trasladar automáticamente las cifras estatales de adultos mayores al penal de San Miguel. Una parte de esa población se encuentra actualmente en un espacio penitenciario especializado.

Por ello, no existe una cifra oficial pública que permita afirmar cuántos hombres de 60 años o más permanecen actualmente en San Miguel.

Procesados y sentenciados

Dentro de San Miguel conviven personas que enfrentan situaciones jurídicas diferentes.

Algunos ya recibieron una sentencia y cumplen una pena privativa de la libertad. Otros permanecen en prisión preventiva mientras continúa su proceso penal.

En 2025, más de la mitad de las personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario poblano se encontraba sin sentencia, de acuerdo con los registros difundidos durante ese año.

Para quien ya recibió una sentencia, el calendario penitenciario está marcado por los años que deberá permanecer recluido.

Para quien está en prisión preventiva, el tiempo transcurre mientras espera que concluya el proceso judicial.

En ambos casos, la familia enfrenta una separación.

Y cuando el interno es abuelo, esa ausencia puede atravesar una generación completa.

Los nietos quedan fuera de la estadística

La legislación penitenciaria reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener contacto con sus familias.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece un régimen de visitas familiares de al menos cinco horas semanales y hasta 15, conforme a las condiciones establecidas por cada centro y las restricciones previstas en la propia legislación.

Para ingresar a San Miguel, los visitantes deben acreditar su identidad y, cuando corresponde, el parentesco con la persona privada de la libertad.

Pero esos registros administrativos no se encuentran disponibles públicamente en una estadística que permita saber cuántos visitantes son nietas o nietos.

Así, una relación familiar que existe y se acredita ante la autoridad desaparece de las estadísticas cuando se intenta medir el impacto de la prisión sobre las nuevas generaciones.

No hay un conteo público de los niños y adolescentes que visitan a sus abuelos.

Tampoco de quienes dejaron de hacerlo. Ni de quienes nunca han podido entrar.

La familia también paga el costo

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, elaborada por el INEGI, mostró que 79.6 por ciento de las personas privadas de la libertad en el país tenía dependientes económicos.

La cifra permite observar una consecuencia que va más allá de las paredes de un penal.

Cuando una persona pierde su libertad, también puede perder su capacidad de trabajar, aportar ingresos y participar directamente en las responsabilidades de su hogar.

En algunos casos, los hijos asumen responsabilidades económicas. En otros, las abuelas y los abuelos que permanecen libres se convierten en cuidadores de los nietos.

La vejez detrás de los muros

Envejecer dentro de un Penal tiene particularidades que no aparecen cuando se observa únicamente el número de internos.

Las enfermedades crónicas, las limitaciones físicas y la necesidad de atención especializada adquieren mayor peso conforme aumenta la edad.

En el CEPEAM, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla documentó durante su supervisión de 2025 la atención médica de los internos, la disponibilidad de medicamentos y diversas actividades ocupacionales.

El centro fue creado precisamente para atender las necesidades particulares de personas mayores, incluidas aquellas con enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad.

Pero el traslado a un espacio especializado también puede modificar la relación familiar.

La distancia, el costo del transporte y las condiciones económicas pueden determinar si una familia tiene posibilidades reales de mantener las visitas.

Un cumpleaños que ocurre del otro lado

Para un interno adulto mayor, el paso del tiempo tiene una dimensión distinta.

Un nieto que tenía cinco años cuando comenzó el proceso puede llegar a la adolescencia antes de que termine.

Una nieta puede entrar a la universidad mientras su abuelo continúa recluido.

Una fotografía familiar puede convertirse en la principal forma de acompañar acontecimientos que antes se vivían juntos.

Las estadísticas penitenciarias registran edad, sexo, situación jurídica, delito y sentencia.

Pero no registran esas ausencias.

No contabilizan el cumpleaños al que un abuelo no pudo acudir.

No miden cuántos nietos crecieron sin abrazarlo fuera de una visita.

Tampoco establecen cuántas familias dejaron de acudir al Penal porque el traslado, los gastos o las condiciones personales hicieron imposible mantener el contacto.