Abelardo Cuéllar, con negro historial: se embolsó 230 mdp

PUEBLA, Pue., 31 de agosto del 2026.- Abelardo Cuéllar Delgado llegó al Gobierno de Puebla con una trayectoria construida en la defensa de trabajadores y con una posición política cercana a Morena. Su perfil parecía encajar con el discurso de un movimiento que durante años cuestionó los despidos de servidores públicos ocurridos durante los gobiernos panistas; sin embargo, su paso por la Secretaría del Trabajo terminó marcado por acusaciones de conflicto de interés, una investigación administrativa, una denuncia penal y una disputa pública con el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

La historia de Cuéllar no comenzó en el servicio público. Durante años ejerció como abogado laboralista y participó en litigios de trabajadores despedidos de distintas dependencias estatales. Su nombre también comenzó a cobrar fuerza dentro de Morena, al grado de aparecer entre los aspirantes a la candidatura al gobierno de Puebla en 2018.

Cuéllar fue uno de los perfiles que buscó la candidatura de Morena para la gubernatura poblana en aquel proceso interno, junto con Miguel Barbosa, Rodrigo Abdala, Alonso Aco y otros aspirantes. Finalmente, Morena se inclinó por Barbosa. Años después, la relación política entre ambos terminaría de una manera muy distinta.

Del litigio laboral al gabinete estatal

En 2019, una vez que Barbosa ganó la elección extraordinaria para gobernador, Cuéllar fue incorporado a su gabinete como titular de la Secretaría del Trabajo. Desde esa posición quedó al frente de una dependencia directamente relacionada con los conflictos laborales que durante años había atendido como abogado.

El nombramiento colocó a Cuéllar frente a una circunstancia particularmente delicada: algunos de los asuntos laborales que había conocido desde la iniciativa privada estaban relacionados con trabajadores que demandaban al Gobierno del Estado.

La controversia surgió precisamente por esa doble condición. Mientras encabezaba la dependencia encargada de atender los conflictos laborales, su nombre apareció relacionado con expedientes en los que trabajadores mantenían litigios contra instituciones públicas.

Se contabilizaron 104 expedientes laborales en los que Cuéllar aparecía como abogado. La polémica aumentó porque algunos de los asuntos estaban relacionados con trabajadores despedidos durante administraciones anteriores y, según publicaciones de la época, también fueron identificados expedientes iniciados cuando ya ocupaba la Secretaría del Trabajo.

El entonces gobernador Barbosa comenzó a cuestionar públicamente la actuación de su secretario. En junio de 2022, ya fuera del cargo, Barbosa sostuvo que había invitado a Cuéllar a ser secretario del Trabajo y no a continuar desempeñándose como abogado laboralista, además de confirmar que existían denuncias en su contra.

Los despidos del morenovallismo y los laudos millonarios

En el fondo de la controversia estaba una problemática que se había acumulado durante años: los juicios promovidos por trabajadores que fueron despedidos durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Muchos de esos empleados acudieron a abogados para exigir reinstalaciones, salarios caídos, indemnizaciones y otras prestaciones. Algunos litigios llegaron hasta los tribunales y terminaron en laudos que obligaron al estado a pagar cantidades importantes.

Cuéllar había sido uno de los abogados vinculados con la defensa de trabajadores en este tipo de procedimientos. Ya como secretario del Trabajo, la dependencia que encabezaba debía intervenir en el complejo proceso de resolución y pago de los laudos.

Ahí apareció el principal cuestionamiento político: si el funcionario había tenido previamente participación profesional en asuntos laborales contra el Gobierno del Estado, ¿podía dirigir la dependencia encargada de esos mismos conflictos sin que existiera un conflicto de interés?

El gobierno de Barbosa aseguró que sí existía ese problema y acusó a Cuéllar de haberse beneficiado, a través de su despacho, de litigios que terminaron en pagos millonarios por parte del Estado.

El monto que detonó parte de la confrontación fue de aproximadamente 230 millones de pesos en laudos, relacionados con juicios de trabajadores despedidos. El gobierno estatal señaló que los procedimientos habían generado beneficios económicos para abogados vinculados con los trabajadores.

Cuéllar rechazó las acusaciones y sostuvo que los trabajadores simplemente habían obtenido resoluciones favorables en tribunales y que el Estado tenía la obligación de cumplirlas. También negó que hubiera utilizado su posición como funcionario para beneficiar a su despacho.

La salida de la Secretaría del Trabajo

La relación política entre Barbosa y Cuéllar se rompió definitivamente en enero de 2022. El 12 de enero de ese año, Cuéllar dejó la Secretaría del Trabajo y Gabriel Biestro Medinilla asumió la titularidad de la dependencia. Para entonces ya existía una investigación administrativa relacionada con su actuación como funcionario.

Posteriormente se informó que la investigación había derivado en una sanción de un año de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, bajo el argumento de que Cuéllar había incurrido en conflicto de interés al mantener vínculos con litigios laborales mientras era secretario.

La acusación central era que el exfuncionario había desempeñado una especie de doble papel: por un lado, como titular de la dependencia responsable de los asuntos laborales del estado y, por otro, relacionado con la representación jurídica de trabajadores que litigaban contra instituciones públicas.

El propio Cuéllar anunció que combatiría la sanción en tribunales y sostuvo que el procedimiento debía resolverse jurídicamente.

De funcionario investigado a acusado penalmente

El conflicto dejó de ser solamente político cuando el gobierno estatal presentó acciones legales contra el exsecretario.

Cuéllar fue señalado por presuntamente favorecer los litigios de trabajadores despedidos y por el supuesto beneficio económico que habría obtenido su despacho con los pagos derivados de esos procedimientos.

La acusación llegó a una orden de aprehensión, pero la defensa del exsecretario recurrió a la justicia federal.

En febrero de 2023, un juez federal concedió un amparo a Cuéllar contra la orden de captura. El expediente estaba relacionado con las acusaciones del Gobierno de Puebla sobre los juicios laborales y el pago de aproximadamente 230 millones de pesos en laudos.

Posteriormente, en diciembre de 2023, se reportó otro revés para la acusación penal, luego de que un tribunal colegiado resolviera a favor de Cuéllar en el procedimiento que enfrentaba.

Pero existe otro elemento fundamental para entender el caso. Las sanciones administrativas también fueron impugnadas.

La historia no terminó con la inhabilitación anunciada en 2022

En enero de 2023 se informó que fueron dejadas sin efectos las sanciones administrativas impuestas a Cuéllar. La resolución cuestionó que existieran elementos suficientes para sostener el conflicto de interés atribuido al exsecretario y también señaló afectaciones a su presunción de inocencia.

Por ello, el expediente de Cuéllar tiene dos caras que no pueden separarse.

Por un lado, existe una investigación, señalamientos públicos del gobierno de Barbosa, una sanción administrativa inicialmente impuesta y una denuncia relacionada con el manejo de litigios laborales.

Por el otro, Cuéllar impugnó esas determinaciones y obtuvo resoluciones judiciales favorables que modificaron el escenario jurídico del caso.

Esto significa que no puede afirmarse que Cuéllar haya sido condenado penalmente por corrupción o por haberse apropiado de recursos públicos, porque no existe una condena penal firme que permita sostenerlo.

El enfrentamiento con Barbosa

La disputa entre ambos personajes también tuvo una fuerte carga política.

Barbosa había llevado a Cuéllar al gabinete como uno de los perfiles provenientes de la izquierda poblana y con experiencia en asuntos laborales. Sin embargo, una vez que comenzaron las acusaciones, el gobernador se distanció públicamente de su antiguo colaborador.

Cuéllar, por su parte, acusó al grupo cercano a Barbosa de haberlo calumniado y sostuvo que las investigaciones tenían una motivación política. Organizaciones sociales y sindicales incluso salieron públicamente en su defensa y exigieron que cesaran las acusaciones en su contra.

El conflicto terminó convirtiéndose en una disputa entre antiguos aliados políticos.

Y mientras el gobierno de Barbosa señalaba posibles irregularidades, Cuéllar insistía en que los laudos correspondían a juicios ganados por trabajadores y que los pagos no podían atribuirse a una decisión personal del secretario.

Morena y una aspiración que no desapareció

Pese al episodio que terminó con su salida del gabinete, Cuéllar no abandonó la política.

Su historia dentro de Morena comenzó mucho antes de llegar a la Secretaría del Trabajo. En 2018 ya había competido internamente por la posibilidad de convertirse en candidato a gobernador de Puebla.

Barbosa se perfilaba como el candidato de Morena después de superar en el proceso interno a perfiles como Cuéllar, Rodrigo Abdala y Alonso Aco.

El antecedente resulta relevante porque demuestra que Cuéllar no llegó a la política después de ser secretario: ya era un actor político de Morena antes de ocupar un cargo en el gobierno estatal.

Su aspiración tampoco desapareció después del conflicto con Barbosa

Tras salir del gobierno y enfrentar los procedimientos administrativos y penales, el exsecretario volvió a aparecer en actividades políticas y en espacios vinculados con organizaciones sociales y laborales. Su defensa pública insistió en que había sido objeto de una persecución política.

Así, el nombre de Cuéllar quedó asociado a dos facetas aparentemente contradictorias: el abogado que durante años defendió a trabajadores despedidos y el funcionario que terminó señalado precisamente por su relación con litigios laborales contra el Estado.

El expediente que acompaña su regreso político

La eventual aspiración de Abelardo Cuéllar a una nueva candidatura dentro de Morena no puede analizarse únicamente desde su militancia o su trayectoria como abogado laboralista.

Existe un antecedente político y administrativo que forma parte de su historia pública: llegó a la Secretaría del Trabajo, enfrentó cuestionamientos por posibles conflictos de interés, fue separado del cargo, enfrentó una denuncia y una orden de aprehensión, y posteriormente obtuvo amparos y resoluciones favorables.

No existe una sentencia penal firme que determine que Cuéllar haya cometido los delitos que le fueron atribuidos por el gobierno estatal. Tampoco puede omitirse que las acusaciones y procedimientos sí existieron y que fueron suficientemente relevantes para provocar su salida de la administración estatal y abrir investigaciones en su contra.

Su historia política, por tanto, no es la de un funcionario condenado, pero tampoco la de un personaje que simplemente abandonó el gobierno por decisión propia sin cuestionamientos.

Es la historia de un abogado laboralista que pasó de defender a trabajadores despedidos a ocupar la Secretaría del Trabajo; que terminó enfrentado con el gobernador que lo había nombrado; que fue señalado por presunto conflicto de interés en litigios contra el propio Estado; que enfrentó una investigación administrativa y una causa penal; y que posteriormente consiguió resoluciones judiciales que frenaron parte de las acciones emprendidas en su contra.

Y pese a todo ello, su nombre ha permanecido dentro del escenario político de Morena.

La pregunta que deja abierta su trayectoria no es únicamente si puede volver a buscar una candidatura, sino qué tanto pesan para Morena los antecedentes políticos y administrativos de un aspirante cuando las acusaciones en su contra no terminaron en una condena penal, pero sí dejaron un episodio controvertido en su paso por el gobierno estatal.