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PUEBLA, Pue., 30 de septiembre de 2026.- El Congreso de Puebla podría enfrentar acciones de inconstitucionalidad e impugnaciones por derechos político-electorales si aprueba una reforma que establezca candidaturas exclusivas para mujeres a la gubernatura, advirtió Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP.
La especialista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente invalidó disposiciones de Durango y San Luis Potosí que establecían la alternancia de género de manera permanente en las gubernaturas, al considerar que los congresos locales excedieron su margen de configuración legislativa.
Precisó que la paridad de género es un mandato constitucional orientado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mientras que la alternancia constituye una herramienta técnica que puede utilizarse para alcanzar ese objetivo, pero que no debe convertirse en una obligación automática y permanente.
En este sentido, señaló que una disposición que obligue a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en un determinado proceso electoral podría generar una confusión entre ambos conceptos y convertirse en una restricción al derecho de participación política.
Ramón Pérez indicó que, si el Congreso local aprueba una medida de este tipo, diversos actores podrían recurrir a los mecanismos de defensa establecidos en materia electoral, entre ellos las acciones de inconstitucionalidad y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
“Si el Congreso decide llevar a cabo la iniciativa, se arriesgan primero a acciones de inconstitucionalidad por diversos actores, pero también a que diversos actores busquen proteger sus derechos políticos electorales a través del sistema de medios de impugnación, particularmente el juicio de protección de los derechos”, señaló.
Agregó que otro elemento a considerar es el momento en que se pretende modificar la legislación electoral, pues las reglas para el proceso de 2024 ya fueron establecidas y una nueva reforma podría generar incertidumbre jurídica si no existe una justificación suficiente sobre su necesidad y proporcionalidad.
“Ya en la antepuerta de un proceso electoral y cuando ya se habían definido ciertas reglas en 2024, llama la atención que en este momento quiera meter un tema cuando además la Corte ya determinó y presenta un precedente”, sostuvo.
La académica consideró que el Congreso de Puebla tendría que analizar el precedente de la SCJN y valorar los alcances jurídicos de cualquier reforma antes de aprobarla, para evitar que posteriormente sea impugnada y eventualmente invalidada.
Más allá de modificar las reglas de postulación, Ramón Pérez planteó que los partidos políticos deben trabajar en el fortalecimiento del liderazgo femenino y en procesos de sensibilización que permitan una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
A su consideración, recurrir a reformas coyunturales sin una planeación de largo plazo puede generar problemas similares a los observados en otros ámbitos públicos, como los sistemas de movilidad urbana y transporte público, donde la falta de planeación integral también deriva en modificaciones y soluciones de corto plazo.
“Creo que el Congreso tendría que valorar, tendría que analizar y valorar esto para evitar que le echen atrás precisamente lo que se pretende”, concluyó la profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP.




