Reconoce UDLAP vínculo de María Fernanda y su presunto agresor
PUEBLA, Pue., 5 de octubre de 2026.- En las inmediaciones de la Universidae de las Américas Puebla (UDLAP), al menos 100 estudiantes en su mayoría mujeres se manifestaron de manera pacífica ante el presunto femicidio de María Fernanda Orozco Suárez. Aunque las estudiantes no tienen claro quien era la occisa, al comprobarse que su nombre completo está en la base de datos de correos instituciones de la universidad, fue suficiente para mostrar indignación y manifestarse este día.
Con cartulinas en mano, realizaron un minuto de silencio por el presunto feminicidio de María Fernanda y tomaron la 14 Oriente donde gritaron varias consignas y leyeron varios comunicados creados por las estudiantes de la UDLAP, de la comunidad BUAP y agrupaciones feministas.
La comunidad estudiantil presentó un pliego petitorio dirigido a la institución y otro a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), tras el presunto feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez, en los que exigió esclarecer los hechos, garantizar justicia y revisar los protocolos de atención a casos de violencia de género.
En el documento dirigido a la UDLAP, estudiantes cuestionaron el comunicado difundido por la universidad el 4 de octubre de 2026, en el que, según señalaron, la institución afirmó que María Fernanda y el presunto feminicida, identificado como Bryan “N”, no formaban parte de su comunidad estudiantil. La comunidad organizada pidió esclarecer la posible vinculación de ambos con la universidad y señaló que existen testimonios de familiares, exalumnos y registros de correos institucionales que, desde su perspectiva, deben ser revisados.
"Feministas UDLAP" fue el colectivo que publicó el documento y entre sus exigencias se encuentra la emisión de un nuevo pronunciamiento institucional con perspectiva de género, centrado en la dignidad de María Fernanda, así como la revisión y actualización del Protocolo de Atención a Situaciones de Acoso, Hostigamiento y/o Violencia de Género. También solicitaron que estudiantes y colectivas feministas participen en la actualización del protocolo y que sus disposiciones sean de aplicación obligatoria en comunicados públicos y en la respuesta institucional ante casos de violencia.
La comunidad estudiantil también pidió establecer medidas concretas para actuar ante denuncias de violencia grave. En particular, cuestionó que ante denuncias de feminicidio en grado de tentativa la respuesta universitaria pueda limitarse a cambios de salón y exigió medidas de protección efectivas. Además, reclamó que los comunicados relacionados con casos de esta gravedad sean firmados por las autoridades responsables y que la universidad ofrezca respuestas públicas con mayor sensibilidad y cercanía.
Otro de los puntos plantea que la UDLAP utilice sus recursos, vínculos y capacidad institucional para acompañar a la familia de María Fernanda en los procesos de justicia que requiera.
En el pliego dirigido a la Fiscalía de Puebla, la comunidad universitaria exigió esclarecer las circunstancias por las que, de acuerdo con el documento, transcurrieron más de 12 horas entre el aviso y el levantamiento del cuerpo de María Fernanda.
Los estudiantes solicitaron que la Fiscalía informe cuántas unidades y personal pericial dispone para atender casos de violencia, así como las razones por las que no fue posible atender este caso con mayor prontitud. También pidieron explicar cuándo y cómo ocurrió la detención del presunto responsable y si esta derivó de una acción de la propia Fiscalía.
En este contexto, la fiscal Idamis Pastor Betancourt comentó ayer en entrevista con medios de comunicación que el día que le quitaron la vida a María Fernanda, la Fiscalía tenía ocupadas las cuatro unidades de levantamiento razón por lo cual se generó el retraso. Agregó que se detuvo a la pareja de la víctima como principal culpable quien era oriundo de Querétaro.
Asimismo, solicitaron conocer qué consecuencias tuvo la demora para la investigación y para el riesgo de fuga, además de las medidas que adoptará la dependencia para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
Finalmente, la comunidad estudiantil hizo un llamado a la fiscal Idamis Pastor Betancourt, a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para que atiendan el caso y garanticen el seguimiento de la investigación.
Los estudiantes señalaron que mantendrán el seguimiento del caso hasta que se haga justicia y exigieron que la investigación se realice conforme a los protocolos correspondientes para casos de feminicidio.
Colectivos universitarios y feministas se pronunciaron por el feminicidio de María Fernanda y manifestaron su indignación por la violencia que se vive en el estado que está impactando a la comunidad universitaria. El Cacerolazo señaló que la violencia de género y los feminicidios se están reduciendo a un sólo número, por lo que resaltaron la necesidad de manifestarse.