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PUEBLA, Pue., 27 de noviembre de 2025.- El Reporte en Migración. Agenda Migrante Puebla, analizado por el Congreso local identifica a la entidad como un punto clave de tránsito y destino para personas migrantes y refugiadas, pero también como un territorio donde la integración se ve frenada por elevados niveles de rechazo social y acceso limitado a derechos.
De acuerdo con el informe, el 65 por ciento de personas migrantes en Puebla ha sufrido discriminación, mientras que el 61 por ciento de la población poblana reconoce que existe un alto grado de discriminación hacia extranjeros.
Además, solo el 30 por ciento accede regularmente a servicios de salud y menos del 20 por ciento tiene empleo formal, cifras que reflejan la profundidad del problema.
Este panorama fue expuesto durante la sesión de trabajo que la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado sostuvo el 26 de noviembre con especialistas y académicos, encuentro que tuvo como objetivo profundizar en las dinámicas migratorias actuales y sus implicaciones legislativas y sociales.

Ahí, el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes presentó los hallazgos del informe elaborado junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), documento que alerta sobre el aumento sostenido de xenofobia, racismo y discriminación entre 2016 y 2023.
Durante el diálogo, la diputada Celia Bonaga Ruiz pidió identificar áreas donde el Congreso puede incidir mediante reformas legales.
En respuesta, especialistas señalaron la urgencia de retomar la iniciativa de Ley de Movilidad Humana para ordenar responsabilidades institucionales y establecer un marco normativo que garantice la integración social de personas migrantes.
También destacaron la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que atiendan documentación, acceso a salud, educación y empleo.
El informe subraya que la discriminación en Puebla es más visible y recurrente que en otras entidades. El 45 por ciento de las personas encuestadas ha presenciado casos de discriminación contra migrantes, mientras que albergues y espacios de atención operan con sobrecupo, escasez de recursos y, en ocasiones, actitudes xenófobas dentro del propio personal.
A ello se suma la falta de capacitación en instituciones gubernamentales y la inexistencia de oficinas especializadas con recursos suficientes.
En el encuentro legislativo, la diputada Esther Martínez Romano abordó la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan a Estados Unidos y enfrentan altos niveles de vulnerabilidad.
La diputada Delfina Pozos Vergara advirtió sobre los riesgos de inseguridad a lo largo de rutas migratorias, y Araceli Celestino recordó que existen mecanismos de acompañamiento jurídico y algunos programas sociales, aunque insuficientes ante los retos actuales.
Entre las recomendaciones planteadas destacan el fortalecimiento de políticas públicas locales, la creación o consolidación de oficinas de atención al migrante, la mejora de albergues mediante capacitación y recursos, y campañas de sensibilización que combatan prejuicios arraigados en la sociedad poblana.
El informe concluye que, pese a la creciente solidaridad de la sociedad civil y las instituciones académicas, la entidad aún enfrenta desafíos estructurales que requieren voluntad política y reformas legales para garantizar un trato digno, seguro e inclusivo a las personas en movilidad.





