Golpean a mujer por resistirse a asalto dentro de banco en San Pedro Cholula
PUEBLA, Pue., 5 de septiembre de 2025.- Un menor de edad de 13 años de edad que apenas en este nuevo ciclo escolar se incorporó a segundo de secundaria en el Instituto D’Amicis en la Ciudad de Puebla, fue rechazado por toda la comunidad estudiantil.
Así lo externaron los padres de familia a través de un comunicado, debido a que hace unos meses el adolescente al que se llamará Mario para preservar su identidad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. La víctima fue Natalia Andrade, quien era de nacionalidad argentina y era vecina del menor.
Mario, a quien llamaremos así para preservar su identidad, según información de la Fiscalía General del Estado asesinó a su vecina tras un forcejo al meterse en la casa de Andrade y grabarla. Las versiones preliminares señalan que Mario sólo quería cumplir un reto viral pero las cosas se salieron de control y en un presunto forcejeo, Natalia Andrade falleció por traumatismo severo.
Mario está bajo medidas cautelares según informó la Fiscalía de Puebla en junio de este año, por lo que no puede salir del estado de Puebla, sus padres tienen que mandar un informe mensual de su comportamiento y en ninguna circunstancia puede acercarse al domicilio de los testigos.
No obstante, los padres de familia del Instituto privado D’Amicis informaron que no llevarán a sus hijos como forma de protesta pues externaron una profunda preocupación e inconformidad por la admisión de Mario.
“Exigimos medidas inmediatas que aseguren la protección de nuestros hijos y solicitamos una respuesta clara y puntual sobre las acciones que la dirección implementará para resolver esta situación. Asimismo, queremos dejar constancia de que este es el motivo por el cual no estamos llevando a nuestros hijos a la institución, como una forma de protesta y exigencia para que se priorice la seguridad y tranquilidad de toda la comunidad escolar”, se leyó en el comunicado.
De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal los adolescentes vinculados a un delito tienen derecho a continuar con su vida estudiantil, así lo establece en el artículo 51:
“Las personas adolescentes tienen derecho a cursar el nivel educativo que le corresponda y a recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento”.
En este mismo sentido, en el comunicado escrito por los padres de familia del Instituto D’Amicis citan la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 3°, 4°, 57° y 42° en donde se menciona el interés superior de la niñez, el derecho de las infancias y adolescencias a vivir en ambientes libres de violencia, la obligación de las instituciones educativas e garantizar entornos seguros y la obligación de las escuelas de aplicar medidas de protección cuando las infancias se encuentren en peligro.
Esta situación ha generado polémica porque por un lado está el derecho del estudiante de reincorporarse a su vida estudiantil y en contraste, el miedo de los padres de familia que buscan seguridad para sus hijos. Mientras tanto, a las autoridades de D’Amicis les corresponde tomar medidas tomando en cuenta ambos sentidos, y hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública no ha emitido un posicionamiento al respecto.
El caso de Mario coloca en tensión dos principios jurídicos que no deberían contraponerse: por un lado, el derecho de todo adolescente a continuar con su formación académica, aun cuando esté vinculado a un proceso penal; y por el otro, la obligación de las instituciones educativas de garantizar entornos seguros y libres de violencia para el resto de la comunidad escolar.
Tanto la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen con claridad que el interés superior de la niñez debe guiar toda decisión. La pregunta, entonces, no es si Mario puede o no estudiar, sino cómo las autoridades educativas y judiciales diseñan mecanismos que aseguren simultáneamente su reinserción social y la tranquilidad de quienes comparten con él un espacio escolar.
Como Mario de acuerdo con Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley del INEGI, publicado en julio de 2025, 684 adolescentes fueron imputados por las autoridades en 2023, colocando a Puebla en la posición número 13 a nivel nacional.
Además, en ese año se iniciaron 551 carpetas de investigación en Puebla, dejando a la entidad como la número 16 con respecto a otros estados. De manera general, los delitos más cometidos fueron lesiones en un 24 por ciento, robo en un 15.2 por ciento, amenazas en un 9.4 por ciento, abuso sexual en un 9 por ciento y narcomenudeo en un 8.4 por ciento.




