Padrón de teléfonos móviles revive polémicas

PUEBLA, Pue., 14 de enero de 2026.- A partir del 9 de enero y hasta el próximo 30 de junio, todas las personas usuarias de telefonía celular en México deberán registrar de manera obligatoria sus líneas, ya sean de prepago o pospago, físicas o digitales, en el Registro Nacional de Líneas de Teléfonos Celulares.  

La medida, presentada por las autoridades como una estrategia para combatir delitos como el fraude y la extorsión, ha encendido un debate sobre sus posibles implicaciones en materia de derechos digitales y justicia.  

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla, explicó que el registro podrá realizarse de dos formas. La primera es de manera presencial en los centros de atención a clientes de las compañías telefónicas. La segunda, a través de los portales web que las propias empresas han habilitado para este fin.  

En ambos casos, las personas deberán proporcionar información de identificación oficial, como credencial para votar, pasaporte o CURP, y en algunas modalidades también se solicitarán datos biométricos o pruebas de vida, como selfis o videos.  

A través de un comunicado, el académico recordó que este no es el primer intento de conformar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

En ocasiones anteriores, iniciativas similares han sido impulsadas con el argumento de fortalecer la seguridad pública al vincular cada número telefónico con una persona física o moral. Sin embargo, advirtió que este tipo de mecanismos también conlleva riesgos significativos que no pueden ser ignorados.  

Uno de los principales señalamientos tiene que ver con la protección de los datos personales. Cruz Isidoro indicó que en días recientes ha circulado información sobre posibles vulneraciones en algunos de los portales de registro, lo que ha generado inquietud sobre la manera en que serán resguardados los datos sensibles que la ciudadanía está obligada a entregar a las empresas de telefonía.  

La preocupación no es menor, pues se trata de información que, de filtrarse o usarse de forma indebida, podría tener consecuencias graves para las personas usuarias.  

Un segundo riesgo, añadió, se relaciona directamente con el sistema de justicia. Dar por hecho que la comisión de un delito a través de un número telefónico implica automáticamente la responsabilidad de la persona registrada puede abrir la puerta a casos de suplantación de identidad y robo de cuentas, prácticas que ya son frecuentes en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.  

En estos escenarios, advirtió, la carga de la prueba podría trasladarse al ciudadano, quien tendría que demostrar su inocencia, lo que supondría una posible afectación al debido proceso.  

Ante este panorama, el académico llamó a la ciudadanía a analizar de manera crítica la implementación del registro obligatorio de líneas celulares.  

Más allá del discurso de la seguridad, subrayó la importancia de considerar la defensa de los derechos digitales, la protección de los datos personales y las garantías básicas de justicia como elementos centrales en cualquier política pública de este tipo.